DURANTE ALBERTO ALESIO CONTRA GCBA POR EMPLEO PUBLICO (EXCEPTO CESANTIA O EXONERACIONES) - EMPLEO PUBLICO-DIFERENCIAS SALARIALES

- Actor: Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires
- Demandado: Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires
- Qué se reclama: La invalidez de la resolución de la Cámara que rechazó el recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de no homologar un acuerdo de avenimiento en una causa por resistencia o desobediencia a la autoridad, y su carácter de sentencia definitiva.
- Qué se resolvió: Se hace lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad, se deja sin efecto la sentencia de la Cámara y se ordena que se dicte una nueva resolución, en atención a que la resolución de la Cámara no era equiparable a una sentencia definitiva y vulneraba principios constitucionales. Fundamentos: El tribunal analizó la naturaleza del acuerdo de avenimiento regulado por el art. 278 del CPP, destacando que la ley limita la potestad del juez a homologar o rechazar el acuerdo, sin que ello implique una decisión definitiva que liquide el proceso. La Cámara interpretó erróneamente que la resolución no era equiparable a una sentencia definitiva, ya que no ponía fin al proceso ni causaba un gravamen irreparable, lo cual el tribunal considera incorrecto. Además, la Cámara desatendió la separación de poderes y el rol del Ministerio Público en el sistema acusatorio, vulnerando el principio de legalidad y el debido proceso, al inmiscuirse en la estrategia fiscal y en la calificación legal de los hechos, atribuyéndose funciones que no le corresponden. También se criticó la interpretación tergiversada del art. 278 del CPP y la vulneración del sistema acusatorio, así como la afectación del principio de legalidad y la independencia del Ministerio Público, en línea con la doctrina constitucional y principios internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. El voto mayoritario concluyó que la resolución de la Cámara excedió sus competencias y vulneró derechos constitucionales, por lo que se decidió revocar y ordenar una nueva sentencia.