ACUÑA, MARIA SOLEDAD s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en BARREYRO, EDUARDO DANIEL CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE ACCESO A LA INFORMACION (INCLUYE LEY 104 Y AMBIENTAL)

Quién demanda: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA)

¿A quién se demanda?

Rita Elisabet Ponce

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Que se declare la inconstitucionalidad de la sentencia que ordenó al GCBA presentar una propuesta para brindar alojamiento adecuado a Ponce, en virtud de su vulnerabilidad social y discapacidad.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la queja del GCBA contra la decisión de la Cámara que confirmó la sentencia de primera instancia, que ordenaba la intervención en un caso de vulnerabilidad social y discapacidad. Fundamentos principales de la decisión:
- El tribunal consideró que la decisión de la Cámara se apoyó en la ley n° 4036 y en un precedente de este tribunal, “K.M.P.”, para ordenar al GCBA que hiciera una propuesta concreta respecto a la situación de vulnerabilidad y discapacidad de la actora.
- Se sostuvo que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el GCBA carecía de fundamentos mínimos que justificaran su revisión, ya que no demostraba que la resolución atacada fuera arbitraria o afectara de manera grave e institucional los principios constitucionales.
- La jurisprudencia citada (Fallos 287:237; 298:84; 302:183; 311:133, 2338, 2462; 331:373) fue utilizada para fundamentar que los agravios genéricos y las disconformidades con la sentencia no constituyen una crítica suficiente para habilitar la vía extraordinaria.
- La referencia a la “gravedad institucional” no fue respaldada con fundamentos adecuados, y el tribunal concluyó que la resolución de la Cámara fue jurídicamente posible, fundamentada y suficiente.
- Se reiteró que los planteos del GCBA fueron meras disconformidades sin conexión lógica con los fundamentos de la resolución.
- La sentencia de primera instancia contiene fundamentos suficientes y no evidencian errores que la invaliden.
- La jurisprudencia del tribunal señala que la tacha de arbitrariedad requiere errores graves y no simplemente desacuerdos con la sentencia.
- La decisión de la Cámara no afecta los intereses de la comunidad ni los principios constitucionales básicos, por lo que no justifica un pronunciamiento extraordinario.
- La jurisprudencia citada (Fallos 324:533, 833; 326:2126; 4240) refuerza que la decisión fue fundada en ley y basada en un análisis constitucional adecuado.
- La queja del GCBA fue presentada en tiempo y forma, pero no logró demostrar que la resolución impugnada fuera arbitraria ni vulnerara derechos constitucionales, solo expresó disconformidad.
- La jurisprud