DAMONTE, RICARDO s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GCBA CONTRA ENCISO PALADINO ALEJANDRO NAHUEL SOBRE EJECUCION FISCAL - RADICACION DE VEHICULOS
La Cámara rechazó la queja por no configurar un caso constitucional y confirmó la validez de la fundamentación oral de la sentencia, en línea con la normativa procesal local. La decisión se basó en que los agravios no demostraron afectación de derechos constitucionales.
- Quién demanda: La Defensora General y la Defensora General Adjunta en representación de Sergio Daniel Faget.
¿A quién se demanda?
La sentencia de la Cámara que inadmitió el recurso de inconstitucionalidad y la decisión de no requerir la transcripción escrita de la sentencia.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
La nulidad de la sentencia por supuesta vulneración del principio de publicidad, legalidad, debido proceso, y la forma en que se realizó la fundamentación. También el tratamiento del planteo de inimputabilidad y la supuesta afectación a garantías constitucionales.
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó la queja y el recurso de inconstitucionalidad, considerando que los agravios no constituían un caso constitucional, y que la fundamentación oral en video era suficiente y no afectaba garantías constitucionales, en concordancia con la normativa procesal.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La sentencia como acto jurídico y como hecho, en cuanto a su fundamentación, puede ser exteriorizada mediante diferentes soportes, siendo suficiente la registración en video que integra el acta de audiencia, sin que ello vulnere principios constitucionales. La omisión de transcripción escrita no produce nulidad si la fundamentación fue claramente expresada en el registro audiovisual y ello no afectó derechos del imputado." "Los agravios relativos a la forma de fundamentación no demostraron un perjuicio concreto ni una afectación de garantías constitucionales, por lo que no configuraron un caso de nulidad o invalidez constitucional." "La discrepancia interpretativa sobre la valoración de la prueba y la imputabilidad no resulta suficiente para configurar un gravamen constitucional."
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