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TRIDONE CORDIGLIA MARIA SILVINA C/ DELFINO HORACIO MIGUEL Y OTROS S/ DESALOJO FALTA DE PAGO

La sentencia ordena el desalojo del inmueble por falta de pago, considerando la legitimación y la validez del contrato de locación. La Cámara confirmó la demanda y dispuso el lanzamiento, garantizando derechos de menores y personas con discapacidad, con medidas de protección adicionales.

Desalojo Contrato de locacion Legitimacion pasiva Personas con discapacidad Falta de pago Medidas de proteccion Derechos de menores Justicia provincial Procedimiento de desalojo Orden de lanzamiento

¿Qué se resolvió en el fallo?


- La actora, Tridone Cordiglia Maria Silvina, demanda a Delfino Horacio Miguel y Tarrats Martin Ernesto por desalojo del inmueble sito en calle Las Margaritas 90, fundado en la causal de falta de pago.
- La demandada, Delfino Horacio Miguel, niega los hechos, afirma que habita en el inmueble junto a su familia, incluyendo menores con discapacidad, y que no ha sido citado para pagar. Tarrats Martin Ernesto también niega la relación con el inmueble y se presenta como garante sin posesión.
- El tribunal analiza la legitimación pasiva, la validez del contrato, y la existencia de la falta de pago. Se declara que los demandados están en condiciones de ser demandados y que la causa de la acción es fundada en la causal de intrusión, resultando procedente ordenar el desalojo.
- La sentencia destaca la protección de derechos de menores y personas con discapacidad, señalando que el desalojo no debe afectar el acceso a la vivienda digna, pero que las obligaciones del Estado no trasladan esa protección a los particulares. Se ordena el desalojo en 30 días, con medidas de protección y garantía del derecho a la vivienda para los menores.
- Se establece que los fiadores responden solidariamente, y se ordenan medidas para garantizar la protección de los derechos de los menores y personas con discapacidad, incluyendo intervenciones del Servicio de Protección Local y la Asesoría de Menores.
- Finalmente, se dispone la ejecución del desalojo en el plazo establecido, con las garantías de protección a los derechos vulnerados y la coordinación con organismos tutelares.

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