SALAZAR, GRACIELA VIVIANA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora, beneficiaria de una jubilación bajo la ley 24.241, cuestionó la fórmula de movilidad aplicada y solicitó su redeterminación. La jueza de grado rechazó esa solicitud y diferió el tratamiento del reajuste de la PBU a la etapa de liquidación, además de aplicar el precedente “Spitale”. La Cámara consideró que la normativa vigente en 2023, específicamente la ley 27.609, resultó inconstitucional por no garantizar la progresividad y la mantenimiento del poder adquisitivo de los haberes, en un contexto de alta inflación. La mayoría de los jueces coincidieron en que la fórmula de movilidad basada en recursos tributarios y salarios no fue adecuada para proteger la sustancia del derecho constitucional a la movilidad y que el Poder Legislativo no cumplió con la obligación de garantizar un sistema razonable y proporcional. En consecuencia, se dispuso que la actualización del haber previsional se realice conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con ajustes trimestrales y con la máxima protección del monto ya liquidado. La disidencia sostuvo que la competencia para definir el método de movilidad corresponde al Congreso y que la ley 27.609 cumple con los requisitos constitucionales, por lo que rechazó la inconstitucionalidad. Se impusieron las costas a la demandada vencida.