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BLANCO LUIS SILVANO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó parcialmente la sentencia que hizo lugar a la demanda de Luis Silvano Blanco contra ANSES, en aspectos relativos a la actualización de beneficios previsionales, sin modificar la decisión en cuanto a costas y con diferimiento en la regulación de honorarios.

Honorarios Costas procesales Inconstitucionalidad Seguridad social Poder legislativo Jurisprudencia csjn Actualizacion de haberes Reajuste previsional Movilidad jubilatoria Ley 27.426


¿Quién es el actor?

Luis Silvano Blanco

¿A quién se demanda?

ANSES
- Objeto de la demanda: Reajustes previsionales, redeterminación del haber inicial, movilidad y otros planteos relativos a la ley 24.241, ley 27.426, inconstitucionalidad de leyes y planteos de inconstitucionalidad de normas reglamentarias.
- Decisión del tribunal: La Cámara hizo lugar parcialmente a la demanda, confirmando en parte la decisión del juez de primera instancia y estableciendo que la actualización de los haberes debe hacerse según las pautas establecidas en la ley 27.426 y leyes concordantes. Rechazó los planteos de inconstitucionalidad respecto a ciertos artículos y leyes, y diferió en la etapa de ejecución la revisión de algunos agravios vinculados a topes de haberes y costas. Ratificó la validez del índice de actualización de remuneraciones y la constitucionalidad del sistema de aportes y beneficios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Cámara remarcó que la parte actora adquirió el derecho al beneficio en la vigencia de la ley 27.426, que modificó las pautas de actualización salarial, y que la jurisprudencia y la doctrina constitucional avalan la constitucionalidad de dichas leyes y la potestad del Congreso para fijar índices de actualización. Además, destacó que la anulación de resoluciones de ANSeS y la reanudación de la potestad legislativa reafirmaron que la fijación del índice corresponde al Congreso Nacional, no a la entidad previsional. Se rechazaron los planteos de inconstitucionalidad de las leyes 27.426 y 27.541, y del DNU 157/18, además de los agravios sobre la retención del impuesto a las ganancias y costas. La decisión se fundamenta en precedentes del máximo tribunal y en la normativa vigente, estableciendo que la actualización debe seguir las pautas legales y constitucionales.

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