MUÑOZ, CARLOS DANIEL C/ INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE ENTRE RIOS S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL
La Cámara de Gualeguaychú modificó parcialmente la sentencia de primera instancia en un juicio por indemnización por enfermedad profesional, corrigiendo la liquidación y condenando al IAPSER al pago de $34.452.029,57, en línea con el criterio del fallo Crettaz y la constitucionalidad del Decreto 669/19.
- Quién demanda: Carlos Daniel Muñoz, en representación del trabajador afectado por enfermedad profesional.
¿A quién se demanda?
Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por enfermedad profesional, con reconocimiento de secuelas incapacitantes y actualización del monto conforme a las normas vigentes.
¿Qué se resolvió?
La Cámara hizo lugar parcialmente a la apelación del demandado, corrigiendo la liquidación de la indemnización y condenando al IAPSER a pagar $34.452.029,57 en concepto de indemnización, en línea con los criterios del fallo "Crettaz" y la constitucionalidad del Decreto 669/19. Además, se rechazaron otros agravios relacionados con la forma de cálculo de intereses, el alcance de la normativa aplicable y la valoración de la prueba pericial.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Sala consideró que la pericia que determinó una incapacidad del 23.2% es válida y que, ajustando el cálculo por la parte actora, la incapacidad total asciende al 25.4%. Respecto a la actualización del monto indemnizatorio, la Sala aplicó la doctrina del fallo "Crettaz", que establece que las normas que modifican la forma de liquidación de la indemnización, como el Decreto 669/19, deben ser evaluadas en cada caso concreto para verificar su constitucionalidad y beneficios para el trabajador. La Sala confirmó que la actualización del ingreso base mensual (IBM) y la liquidación según RIPTE son procedentes, y que la tasa de interés del 12% anual, aplicada desde el siniestro, es adecuada para compensar el retardo en el pago. Se rechazaron los agravios del demandado relacionados con la supuesta inconstitucionalidad del decreto, la incorrecta liquidación de intereses y la valoración de conceptos salariales, por no estar debidamente fundados ni contradecir la doctrina obligatoria.
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