CANTERO, JOSE MIGUEL c/ ENTE ADMINISTRADOR PUERTO SANTA FE s/ COBRO DE PESOS RUBROS LABORALES
La Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe rechazó los recursos de nulidad y apelación presentados por la demandada contra la sentencia que condenó a mantener una remuneración justa y suficiente, confirmando la decisión que ordenó ajustar el salario a los estándares constitucionales y convencionales.
- Quién demanda: Jose Miguel Cantero (actor)
¿A quién se demanda?
Ente Administrador Puerto S.F. (demandado)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reajuste salarial por deterioro en la remuneración, incumplimiento del derecho constitucional a una retribución justa y protección frente a rebajas salariales, y rechazo de las defensas de prescripción y cosa juzgada.
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirma la sentencia que ordenó mantener el salario mínimo vital y la remuneración en niveles que aseguren la dignidad del trabajador, rechazando los agravios por prescripción y cosa juzgada, y también los recursos de nulidad y apelación.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El principio de intangibilidad de la remuneración, reconocido por la CSJN, impone que las modificaciones en la estructura salarial no puedan alterar irrazonablemente el nivel de ingreso del trabajador. La decisión de mantener el salario en $1300 desde 2007, en un contexto donde el salario mínimo vital se incrementó a $4716 en 2015, constituye una rebaja salarial que vulnera derechos constitucionales y convencionales." "El acuerdo homologado en 2007, que fijó un salario básico de $1300, no puede justificar la continuidad de esa cifra en un escenario económico distinto, donde la inflación y los incrementos salariales oficiales evidencian un deterioro progresivo del ingreso real del trabajador." "El reclamo por una remuneración adecuada no solo tiene base constitucional, sino también en tratados internacionales ratificados por Argentina, que exigen un salario suficiente, estable y que garantice un nivel de vida digno." "El mantenimiento del salario en los niveles de 2007, sin ajustar a la realidad económica posterior, constituye una vulneración del principio de igualdad y del derecho a una retribución equitativa, por lo que la sentencia que ordena su ajuste debe ser confirmada." "Las defensas de prescripción y cosa juzgada no logran desvirtuar la evidencia del deterioro salarial y la vulneración de derechos constitucionales, ya que la normativa laboral y la jurisprudencia consolidada protegen al trabajador frente a rebajas y modificaciones unilaterales que menoscaben su ingreso."
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