F., A. E. s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR USO DE ARMA DE FUEGO Y LESIONES GRAVES AGRAVADAS POR USO DE ARMA DE FUEGO
La Cámara de Apelaciones de Rosario confirmó la sentencia que condenó a A. E. F. a 12 años y 6 meses de prisión por homicidio agravado y lesiones graves agravadas. La decisión se basó en la gravedad del hecho y en la valoración del régimen tutelar, rechazando la reducción por tentativa y las quejas por condiciones de detención.
¿Qué se resolvió en el fallo?
El actor demanda (A. E. F.) a la autoridad judicial, en virtud de la condena de 12 años y 6 meses por homicidio agravado por uso de arma de fuego y lesiones graves agravadas, dictada en primera instancia. La Cámara de Rosario analizó el recurso de apelación presentado por la defensa y el asesor de menores, quienes alegaron que la pena era excesiva, que no se respetó el tratamiento tutelar, y que existieron vulneraciones constitucionales y del debido proceso. El tribunal, tras evaluar los agravios, sostuvo que la sentencia de primera instancia fue fundada en un análisis exhaustivo del hecho y en la normativa internacional, constitucional y penal aplicable, incluyendo las Reglas de Beijing y la Convención de los Derechos del Niño. Se resaltó que la gravedad del delito, la edad del autor, su comportamiento y la valoración del tratamiento tutelar justifica la pena impuesta, que se ajusta a los principios de proporcionalidad y resocialización. La Cámara rechazó las solicitudes de reducción por tentativa y de prescindir de la pena, considerando que las circunstancias del caso y la conducta del condenado justifican la pena impuesta. Los argumentos de la defensa y del asesor de menores sobre vulneraciones constitucionales, falta de tratamiento adecuado y condiciones de detención no fueron considerados suficientes para modificar la sentencia, pues se constató que el sistema tutelar se cumplió en forma adecuada, y que la pena resulta proporcional a la gravedad del hecho y la responsabilidad del imputado. El tribunal concluyó que la sentencia de primera instancia se ajusta a derecho y a los principios del sistema penal juvenil, y confirmó la decisión en todos sus términos.
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