PUCHETA, FRANCO SALVADOR Y SANCHEZ, GONZALO NICOLAS -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETAS JUDICIALES PUCHETA, FRANCO SALVADOR Y SANCHEZ, GONZALO NICOLAS s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y OTROS- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
La Corte Suprema de Santa Fe rechazó la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad contra la confirmación de la pena en un caso de robo calificado. El tribunal consideró que los argumentos de arbitrariedad y vulneración del derecho de defensa no estaban suficientemente probados y que la motivación del fallo fue adecuada y fundada.
Actor: La defensa de Franco Salvador Pucheta y Gonzalo Nicolás Sánchez. Demandado: La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. Objeto: La declaración de inconstitucionalidad y la revisión de la constitucionalidad del fallo que confirmó la aumento de pena, alegando arbitrariedad, falta de fundamentación y violación del derecho de defensa. Decisión: La Corte Suprema rechazó la queja, confirmando que la motivación de la sentencia de Cámara fue suficiente y que los argumentos presentados no demostraron arbitrariedad, ni violación constitucional, en la valoración de las circunstancias del caso.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Corte analizó que los argumentos de la recurrente se centraban en la disconformidad con la interpretación de las pautas de graduación de la pena, específicamente en que la motivación de la Cámara no sería razonable ni autónoma, sino una valoración arbitraria. Sin embargo, el tribunal de alzada explicó detalladamente las razones por las que consideró que la pena impuesta era proporcional y fundamentada en la gravedad de los hechos, la vulnerabilidad de las víctimas, las características de las armas y las circunstancias personales de los imputados. La Corte concluyó que estos fundamentos eran suficientes y que no se configuraba arbitrariedad ni violación del derecho de defensa, ya que la motivación del fallo fue adecuada y razonada. Además, la queja no logró demostrar que las decisiones de los jueces vulneraran derechos constitucionales o que se hayan aplicado criterios arbitrarios en la graduación de la pena.
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