D. T., J. M. Y OTROS c/ IAPOS Y OTROS -RECURSO DE AMPARO- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Qué se resolvió en el fallo?

- La quejosa, Provincia de Santa Fe, demanda la revisión de una resolución de la Cámara de Apelación que confirmó una sentencia de primera instancia en un recurso de amparo, en un caso relacionado con la evaluación de pruebas médicas y técnicas pertinentes a un tratamiento de TEA.
- La decisión del tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación y confirmó la resolución de primera instancia, con costas a la parte vencida.
- La Provincia de Santa Fe interpuso recurso de inconstitucionalidad alegando que la decisión de la Cámara sería arbitraria, afectando garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho de defensa. En particular, cuestionó que la valoración de las pruebas fuera parcial y omisiva, y que se rechazaran informes técnicos fundamentales, incluyendo el informe de la Auditoría Médica y el protocolo médico para TEA, además de la falta de avales del método por parte de la Licenciataria.
- La recurrente sostuvo que la decisión podría generar injusticia y desigualdad entre afiliados de la obra social, y que las divergencias en criterios entre las salas de un mismo tribunal comprometen la seguridad jurídica, configurando una hipótesis de gravedad institucional que debe ser resuelta por esta Corte.
- La Corte provincial, tras revisar los antecedentes, admitió la queja y concedió el recurso de inconstitucionalidad, considerando que la postulación de la recurrente cuenta con suficiente sustento "prima facie" para abrir la vía extraordinaria.
- La resolución ordenó que por Presidencia se requiera la elevación de los autos y el trámite correspondiente, dejando abierta la instancia para la revisión de fondo.
- La fundamentación principal de la Corte radica en que la queja presenta indicios suficientes de violaciones constitucionales, en particular en la valoración de la prueba y la afectación a garantías constitucionales. La admisión del recurso implica que la Corte considera que existen elementos que justifican su intervención para garantizar la protección de derechos constitucionales en juego y evitar una posible injusticia o arbitrariedad en la resolución judicial de instancia inferior.