Q., S. F. c/ PROVINCIA DE SANTA FE -RECURSO DE AMPARO- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)

¿Quién es el actor?

S. F. Q.

¿A quién se demanda?

Provincia de Santa Fe
- Objeto de la demanda: Amparo por incumplimiento en el cumplimiento del cupo del 4% de discapacidad en el empleo público y pedido de información sobre la cantidad de empleados con discapacidad en el nodo Rosario.
- Decisión del tribunal: La Corte admitió parcialmente el recurso de inconstitucionalidad, anuló en parte la sentencia de la Cámara en lo que respecta a la imposición de costas y ordenó remitir el expediente para que se juzgue nuevamente la causa.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia de la Cámara interpretó adecuadamente que la vía del amparo era idónea para tutelar el derecho de acceso a la información pública (considerando que el objeto central era que la Administración brindara información y no la incorporación de personal). Se constató que la sentencia de primera instancia no abordó correctamente la naturaleza del derecho constitucional invocado, y que el fallo de la Cámara fundamentó adecuadamente la procedencia del amparo en el marco de la normativa vigente. La orden de producir informes complementarios no violó las competencias del Poder Ejecutivo, sino que respondió a la tutela del derecho constitucional del acceso a la información. La imposición de costas fue considerada arbitraria y carente de fundamentación, por lo que fue anulado en parte, en línea con la norma constitucional que exige motivación adecuada. La Corte reafirmó que el control del cumplimiento del cupo laboral de personas con discapacidad no puede realizarse mediante una orden judicial que obligue a producir información que no existe ni tiene obligación legal de producir, pero en este caso, la sentencia de la Cámara había ordenado la producción de información disponible y accesible.
- Votos: La mayoría (Falistocco, Gastaldi, Erbetta, Netri) coincidieron en la procedencia parcial del recurso, mientras que el disidente (Gutiérrez) sostuvo que la sentencia de la Cámara no vulneró la Constitución ni invadió competencias del Poder Ejecutivo.