TOSCO, SANTIAGO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

- Quién demanda: Santiago Tosco, Fiscal de la Unidad de Cañada de Gómez.

¿A quién se demanda?

Provincia de Santa Fe.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La nulidad de la resolución n° 10/22 del 6.6.2022, que impuso una sanción de 10 días de suspensión sin goce de sueldo por falta grave.

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró la inadmisibilidad del recurso, confirmando la legalidad y fundamentación de la acto sancionatorio.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Corte analizó que la motivación del acto administrativo fue suficiente, explicando los antecedentes y fundamentos jurídicos que justificaron la sanción, conforme a la jurisprudencia que exige motivación adecuada en la administración pública. Respecto a la "manifiesta atipicidad" de los hechos, la Corte sostuvo que la tipificación de la falta se ajustó a la normativa y que los hechos demostrados justificaban la sanción, especialmente la utilización irrazonable de la discrecionalidad fiscal en la formulación de acuerdos en procedimientos abreviados. La diferencia en las penas aplicadas a distintos imputados no constituye arbitrariedad, dado que la graduación responde a la gravedad y circunstancias del caso, y la sanción fue proporcional. La existencia de un supuesto exceso de punición no fue acreditada, y la sanción resultó razonable en relación con la conducta del funcionario. La alegada vulneración de la independencia funcional del Fiscal fue considerada improcedente, dado que la responsabilidad disciplinaria puede ser ejercida en casos de actuación irrazonable o desproporcionada. La Corte reafirmó que en materia disciplinaria la tipificación es más flexible que en el ámbito penal, y que la discrecionalidad de la administración en la graduación de sanciones está limitada por principios de razonabilidad y proporcionalidad. La decisión final fue que el recurso debía ser rechazado y que correspondía imponer las costas al recurrente.
- La mayoría de los ministros coincidieron en que la sanción era fundada, proporcional y que el acto administrativo estaba debidamente motivado, por lo que la impugnación carecía de fundamento.