FRATTI, RICARDO ANGEL Y OTROS -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL ALVAREZ, MARCELO IGNACIO; BERLI, EDGARDO WILFREDO Y FRATTI, RICARDO ANGEL s/ ESTRAGO CULPOSO AGRAVADO POR EL RESULTADO MUERTE DE 18 PERSONAS, REITERADOS- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)

- Quién demanda: Ricardo Ángel Fratti y otros imputados.

¿A quién se demanda?

Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la condena penal por violación del derecho a un plazo razonable y de la reparación civil vinculada, debido a la excesiva duración del proceso.

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró la inconstitucionalidad de la sentencia por el retardo injustificado y ordenó su anulación, remitiendo la causa a tribunal subrogante para nuevo juicio.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La duración del proceso superó ampliamente los plazos razonables, alcanzando más de veinte años desde los hechos sin sentencia definitiva, lo que vulnera la garantía constitucional y convencional del plazo razonable (art. 8.1 de la CADH y artículo 18 de la CN). La jurisprudencia nacional e internacional establece que, en casos de retraso excesivo, la presunción de vulneración se activa por la simple acumulación temporal, sin necesidad de dilaciones injustificadas específicas. La causa sufrió múltiples vicisitudes procesales, excusaciones, recusaciones y cambios de magistrados, agravando la demora sin justificativo suficiente, especialmente en un proceso con delitos culposos y penas menores. La extensión del proceso, sumada al fallecimiento de algunos imputados y a la ineficacia del sistema inquisitivo, imposibilita la satisfacción de los fines de la justicia y la protección de derechos de las víctimas y acusados. La indebida interpretación del artículo 67 del Código Penal, que extiende la suspensión de la prescripción a imputados que ya cesaron en cargos públicos, fue considerada arbitraria y descontextualizada, afectando la fundamentación de la condena y la responsabilidad civil. La violación al plazo razonable afecta no solo derechos del imputado, sino también el interés social en la eficacia y credibilidad del sistema judicial. La Corte ordenó la revisión de la causa por tribunal competente, con la cautela de garantizar un proceso en plazo razonable, en línea con estándares internacionales y jurisprudencia constitucional.