ZEITER, ALEJANDRO FABIAN c/ ARCOLEN ARGENTINA S.A. Y OTROS -SENTENCIA COBRO DE PESOS LABORALES- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (REVOCATORIA)
La Corte provincial confirmó el rechazo del recurso de revocatoria contra el decreto que ordenaba el depósito establecido en la ley 7055, argumentando que no se acreditó la existencia de exenciones o impedimentos que justifiquen la exención del depósito para la parte recurrente.
- Quién demanda: ALEJANDRO FABIAN ZEITER (recurrente) en calidad de actor en la causa de cobro de sumas laborales.
¿A quién se demanda?
ARCOLEN ARGENTINA SA y otros (demandados).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnar la denegación del recurso de inconstitucionalidad y el rechazo de la revocatoria contra el decreto que ordenaba el depósito previo para continuar con el recurso de inconstitucionalidad.
¿Qué se resolvió?
La Corte de Santa Fe desestimó la revocatoria y confirmó el decreto que ordenaba el depósito, fundamentando que la ley 7055 no establece excepciones para la parte recurrente, y que no se acreditó que el depósito constituya un obstáculo que impida ejercer sus derechos.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La obligación de cumplir el depósito no reconoce otras excepciones que las expresamente comprendidas en la legislación pertinente". La Corte citó Fallos 285:235 y A. y S. T. 205, pág. 286, para sostener que el cumplimiento del depósito es una regla general que sólo puede exceptuarse en los casos previstos legalmente. Además, recordó que, como señala la causa "Vázquez" (A. y S., T. 102, pág. 495), la ley en materia de recurso de inconstitucionalidad no exime del depósito a quienes no se encuentran en las excepciones del artículo 283 del Código Fiscal. También resaltó que "la exigencia del depósito previo como requisito para la viabilidad de un recurso no contradice garantía constitucional alguna" y que no se acreditó que la parte recurrente tenga impedimentos económicos que justifiquen la exención. La jurisprudencia citada respalda que las excepciones deben interpretarse restrictivamente y que la situación financiera de la parte no fue suficientemente demostrada para justificar la exención.
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