M., G. L.; V., M. D. R.; D, L.G.; A., G. R. Y C., A. D. s/ APREMIOS ILEGALES, VEJACIONES, TORTURAS, INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, FALSEDAD IDEOLOGICA DE DOCUMENTO PUBLICO, ENCUBRIMIENTO AGRAVADO Y FALSO TESTIMONIO
La Cámara de Rosario revocó la sentencia de primera instancia y condenó a los imputados por delitos de torturas, apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, ajustando las penas y responsabilidades en función de las pruebas y principios jurídicos.
¿Qué se resolvió en el fallo?
El tribunal revisó la sentencia de primera instancia que absolvió a varios imputados por delitos relacionados con torturas, lesiones y encubrimiento durante hechos ocurridos en 2011, en Cañada de Gómez. La Cámara consideró que las pruebas en autos, incluyendo testimonios, informes médicos y la autopsia, acreditan que los agentes policiales D., C. y A. infligieron golpes en M. M., causando lesiones y muerte por ahorcamiento. La valoración de la prueba mostró que las lesiones y las circunstancias de la detención fueron compatibles con acciones de violencia por parte de los policías, en un contexto de vulnerabilidad y en contravención a normas internacionales y constitucionales sobre derechos humanos. Se rechazaron los agravios sobre la valoración de la credibilidad y se consideró que la conducta de los agentes constituyó torturas y apremios ilegales, por lo que se revocó la absolución y se los condenó a penas de prisión en suspenso y reglas de conducta. Además, se condenó a la médica V. por incumplimiento de sus deberes, por haber realizado informes médicos sin la revisión adecuada y en condiciones irregulares, por lo que recibió una pena de dos años en suspenso y reglas de conducta. La Cámara también condenó a G. M. por falsedad ideológica, por la inserción de datos falsos en informes médicos, con pena de un año en suspenso. La decisión se fundamenta en la valoración integral y objetiva de la prueba, en la protección de derechos humanos y en la correcta aplicación de las normas penales y constitucionales.
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