INCIDENTE DE COMPETENCIA EN AUTOS MACAYA OYARCE, LUIS GENARO C/ VELLO, MARIANA Y OTRO S/ INHIBITORIA S/ CONFLICTO DE COMPETENCIA
La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la queja del Servicio Penitenciario Federal contra la denegación de su recurso de inconstitucionalidad en un expediente de habeas corpus colectivo, destacando la inadmisibilidad por falta de fundamentación y la correcta tramitación conjunta de causas conexas.
- Quién demanda: Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF)
¿A quién se demanda?
Tribunal de Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Queja por la denegación del recurso de inconstitucionalidad en un habeas corpus colectivo, alegando vulneración de derechos constitucionales y principios superiores.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la queja por inadmisibilidad, por no cumplir con los requisitos de fundamentación y por no presentar una crítica concreta a la resolución denegatoria, confirmando la decisión de la Cámara de Casación.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El recurso de queja fue interpuesto en tiempo y forma, pero no cumple con el requisito de fundamentación (art. 33, ley nº 402), ya que no rebate los argumentos por los que el recurso de inconstitucionalidad fue denegado. En el auto denegatorio, la Sala sostuvo que el recurso no acreditaba la conexión entre lo resuelto y la vulneración de principios constitucionales, sino que era una reedición de agravios del habeas corpus. La presentación se limitó a reiterar y criticar la decisión, sin ofrecer crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio." Además, el voto del juez Lozano resalta que la solución no es únicamente jurisdiccional, y que la problemática requiere de compromisos políticos y administrativos, pero que en el caso, la conexidad y la continuidad del proceso en causas relacionadas justifican la tramitación conjunta, sin que ello vulnere derechos del recurrente. "El proceso en curso pone de manifiesto que la solución al grave problema que aquí se plantea no es exclusivamente jurisdiccional... La persistencia de condiciones de detención inadecuadas y disfuncionalidades institucionales interpelan a los demás poderes públicos."
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