PEREZ, SERGIO RAMON c/ PROVINCIA ART S.A. -SENTENCIAS ENFERMEDADES DEL TRABAJO- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

- Quién demanda: La demandada (PROVINCIA A.R.T. S.A.)

¿A quién se demanda?

La parte actora, en autos “PEREZ, SERGIO RAMÓN contra PROVINCIA A.R.T. S.A.”

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cuestiona la decisión de la Cámara respecto a la aplicación de intereses, capitalización y el inicio del cómputo de accesorios en la condena, alegando violación de derechos constitucionales y de principios procesales.

¿Qué se resolvió?

La Corte rechazó la queja, considerando que los agravios presentados son genéricos, que no se demuestran errores en la valoración de hechos ni en la interpretación de normas, y que las cuestiones planteadas son de naturaleza fáctica y de interpretación jurídica propia del tribunal de instancia. La Corte también destacó que no se acreditó la existencia de un perjuicio constitucional ni de una desproporción reparatoria. Además, afirmó que las alegaciones respecto a la retroactividad del decreto 669/19 y la capitalización de intereses estaban debidamente fundamentadas por la Cámara. La Corte concluyó que la impugnante no logró demostrar la existencia de vicios que ameriten la intervención extraordinaria.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La naturaleza del recurso de queja y su carácter restrictivo; los agravios deben ser concretos y fundamentados, lo cual no ocurrió en este caso. La valoración de las cuestiones de interpretación de normas y hechos, que son de competencia del tribunal de origen y no de la Corte en esta vía. La falta de acreditación de un daño constitucional o de una afectación de derechos constitucionales que justifique la intervención del tribunal superior. La jurisprudencia que establece que los agravios genéricos y la mera disconformidad no habilitan la revisión en instancia extraordinaria. La inexistencia de errores en la valoración de la prueba o en la interpretación de la normativa aplicable, en particular respecto a la aplicación del decreto 669/19 y la capitalización de intereses. La falta de prueba de una desproporción o perjuicio económico que justifique la revisión del fallo.