SANTA CRUZ MAGDALENA HAIDE BEA Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
La Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por las Defensoras Generales del Ministerio Público, confirmando la legalidad del decreto 3726/16 y la diferenciación salarial basada en la normativa vigente, en línea con la competencia legislativa y la organización institucional.
- Quién demanda: Magdalena Haide Beatriz Santa Cruz y otras Defensoras Generales del Ministerio Público del Poder Judicial de Santa Fe.
¿A quién se demanda?
La Provincia de Santa Fe.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
La declaración de nulidad del decreto 3726/16 y el pago de remuneraciones diferenciales desde la entrada en vigencia de la ley 13.014, con intereses, por considerar que la provincia discrimina injustificadamente en materia salarial a las Defensoras Generales respecto de los Defensores Públicos.
¿Qué se resolvió?
La Cámara rechazó el recurso, confirmando la legalidad y constitucionalidad de la diferenciación salarial y la competencia legislativa en la regulación de las remuneraciones, y consideró que no existía arbitrariedad o discriminación inconstitucional en la normativa aplicada.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se argumentó que las diferencias en el régimen salarial y de designación entre Defensores Generales y Defensores Públicos responden a distintas funciones, organigramas y requisitos constitucionales y legales. Se sostuvo que "el sistema constitucional local las retribuciones que perciben quienes integran subjetivamente los órganos de los poderes del Estado se fijan a través de la ley (artículos 53, 69, 80 y 88 de la Constitución de Santa Fe)" y que "la diferencia en la remuneración responde a la organización institucional, la función específica y los procedimientos de selección y remoción". La sentencia afirmó que "las actoras no lograron demostrar que la normativa vigente sea irrazonable, arbitraria o discriminatoria en sentido constitucional" y que "la equiparación salarial pretendida excede la competencia del tribunal y constituye una invadión de las atribuciones legislativas".
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: