MORENO, JORGE RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (PARCIALMENTE CONCEDIDO POR LA CAMARA)
La Corte Suprema de Santa Fe declaró la inconstitucionalidad de la resolución que aprobó el reajuste de haberes previsionales del actor, ordenando su nulidad y remitiendo el expediente al tribunal de origen para un nuevo pronunciamiento. La decisión se fundamenta en defectos en la liquidación y en la interpretación del sistema previsional.
- Quién demanda: Jorge Raúl Moreno
¿A quién se demanda?
Provincia de Santa Fe, a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones
¿Cuál es el objeto del reclamo?
nulidad del decreto 1127/21 y reclamo de reajuste de su haber previsional, incluyendo todos los conceptos habituales y regulares en retribución de servicios, con base en la proporcionalidad y la movilidad constitucionalmente garantizadas.
¿Qué se resolvió?
La Corte Suprema declaró la procedencia del recurso de inconstitucionalidad, anuló la resolución administrativa y ordenó remitir los autos al tribunal de origen para que rejuzgue la causa, considerando que la liquidación y el análisis de proporcionalidad contenían defectos que vulneraban derechos constitucionales.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Corte señala que la liquidación de Moreno, basada en coeficientes sectoriales fijados por el Poder Ejecutivo, no respetó los criterios jurisprudenciales y constitucionales sobre la movilidad previsional y proporcionalidad. “El haber previsional de un beneficiario del régimen de jubilaciones y pensiones provincial debe movilizarse según las pautas establecidas por el legislador y, si la aplicación de ese concreto sistema de movilidad produce que los haberes no guarden la razonable proporcionalidad requerida para asegurar la eficacia de la garantía constitucional respectiva, corresponde definir cómo se corregirá esa lesión al derecho subjetivo involucrado.” Además, la sentencia advierte que la etapa de ejecución no puede diferirse para verificar la proporcionalidad, ya que ello implica una omisión que resulta arbitraria. La resolución administrativa fue considerada ilegal por no cumplir con los requisitos constitucionales y jurisprudenciales.
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