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BANEGAS, JOSE LUCIANO c/ PROVINCIA ART S.A. s/RECURSO LEY 27348

La Cámara de Apelaciones modificó la sentencia de primera instancia en la determinación del monto de la indemnización por incapacidad laboral y sus intereses, ajustando la cuantía y la actualización monetaria conforme a las pautas normativas y reglamentarias aplicables en el marco de la ley 27.348 y la normativa laboral vigente.

Recurso de apelacion Indemnizacion laboral Intereses y actualizacion Ley 27.348 Ripte Ley 26.773 Danos y perjuicios Invalidez laboral Honorarios profesionales Modificacion de sentencia.

La parte actora demandó a la Provincia ART S.A. reclamando una indemnización por incapacidad laboral derivada de un accidente ocurrido el 9 de septiembre de 2022. La sentencia de primera instancia, de fecha 27 de febrero de 2025, hizo lugar a la demanda en lo sustancial y se fijó un monto de indemnización en $ 2.420.835,20, calculado conforme a la normativa de la ley 27.348 y el índice RIPTE, ajustado a los intereses en función de la variación de las remuneraciones. La parte actora y el perito médico cuestionaron los honorarios, los cuales fueron revisados y ajustados por el tribunal. La Cámara de Apelaciones analizó la actualización monetaria, los intereses y la cuantía de la indemnización, concluyendo que debía modificarse la sentencia en estos aspectos. La resolución consideró la aplicación del régimen tarifado y la normativa vigente en materia de intereses, estableciendo un interés equivalente a la variación del RIPTE desde la fecha de la manifestación invalidante hasta la puesta a disposición de la indemnización por parte de la aseguradora. Además, se ajustó el monto de la indemnización y se dispuso el recálculo de la indemnización adicional prevista en la ley 26.773. La resolución también dejó sin efecto la resolución sobre honorarios en origen, estableciendo que estos se regularían en esta sede, y dispuso la liquidación de honorarios profesionales en función del nuevo monto de condena, en un porcentaje del 18%, 16% y 9% para la letrada de la actora, demandada y perito médico, respectivamente. Finalmente, se impusieron las costas por su orden y se reguló la participación en los honorarios de la parte actora.

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