LECUNA, NORMA LIDA GERONIMA c/ AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO (ARCA) s/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

- Quién demanda: Norma Lidia Geronima Lecuna

¿A quién se demanda?

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actualmente Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad del art. 82 inc. “c” de la Ley N° 20.628, cese de los descuentos en concepto de impuesto a las ganancias y devolución de fondos retenidos desde la interposición de la demanda

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción, rechazando el recurso de la demandada y manteniendo la declaración de inconstitucionalidad, por entender que el allanamiento no es efectivo en cuestiones de orden público y que la controversia involucra normas constitucionales y principios protectores de derechos previsionales y tributarios. La sentencia argumenta que el allanamiento de la parte demandada no es suficiente para desactivar la naturaleza de la cuestión, que involucra derechos indisponibles y principios constitucionales, por lo que el proceso debe seguir su curso con base en el derecho y los hechos probados. Además, se confirma la imposición de costas a la parte vencida y la regulación de honorarios conforme a la ley.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Se destaca que la impugnación por arbitrariedad no resulta procedente, ya que la sentencia está suficientemente fundada y respeta los límites del análisis judicial. La cuestión de fondo, relacionada con la constitucionalidad del régimen de impuestos a las ganancias, es de orden público y no puede ser resuelta mediante allanamiento, ya que implica la validez de normas que afectan derechos constitucionales y la potestad del Tribunal de declarar inconstitucionalidades. La Cámara sostiene que el allanamiento no tiene efectos en cuestiones que involucran el orden público, y que la declaración de inconstitucionalidad no puede depender de la voluntad del demandado, sino que corresponde al Tribunal decidir en base a la normativa y la constitucionalidad de los preceptos cuestionados. Además, se analizan las reglas sobre costas y honorarios, confirmando la decisión de primera instancia.