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ZETTANO, CARLOS ALBERTO c/ EN-M SEGURIDAD-PNA s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, confirmó la validez de la sanción administrativa de baja por cesantía dictada contra Carlos Alberto Zettano, tras considerar que la actuación administrativa fue fundada en hechos probados, ajustada a derecho y no vulneró garantías constitucionales.

Prescripcion Debido proceso Sancion disciplinaria Prueba pericial informatica Responsabilidad administrativa Nulidad acto administrativo Responsabilidad disciplinaria Autoridad competente Responsabilidad penal y administrativa Responsabilidad del personal policial.


¿Quién es el actor?

Carlos Alberto Zettano

¿A quién se demanda?

Estado Nacional – Ministerio de Seguridad – Prefectura Naval Argentina

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la resolución que dispuso su baja por cesantía, declaración de prescripción de la acción disciplinaria, y resarcimiento por daños.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la validez del acto administrativo, rechazando la nulidad y el planteo de prescripción, considerando que la actuación sumarial fue diligente y fundada en elementos probatorios contundentes, incluyendo la evidencia pericial informática y documental que acreditó la responsabilidad del sumariado en los hechos denunciados. Se sostuvo que la diferencia entre responsabilidad penal y administrativa no invalida la sanción administrativa, y que la conducta del actor, en particular el envío de correos ofensivos y amenazas, fue comprobada y justifica la sanción.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

El tribunal analizó la validez del procedimiento, la suficiencia de la prueba, y la razonabilidad de la sanción, destacando que la actuación administrativa siguió los principios de legalidad y debido proceso. Se enfatizó que la responsabilidad disciplinaria puede mantenerse aun en presencia de sobreseimientos penales, dado que las jurisdicciones son independientes y persiguen finalidades distintas. La prueba pericial informática y los antecedentes en sede penal demostraron la culpabilidad del actor, sin que existiera arbitrariedad o ilegalidad en la resolución sancionatoria. La prescripción fue descartada por haberse interrumpido oportunamente la acción disciplinaria. Finalmente, se impusieron las costas a la parte vencida.

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