MONLLOR MYRIAM INES C/ FISCALIA DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - MINISTERIO S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

¿Qué se resolvió en el fallo?

La actora, Monllor Myriam Ines, demandó a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires por un accidente laboral ocurrido el 11 de marzo de 2020, en ocasión del trabajo como personal policial en Ituzaingó. La causa fue analizada en primera instancia, donde el tribunal consideró probado que la lesión (desgarro de músculo izquierdo con secuelas) generó una incapacidad del 8% y una pérdida económica significativa. La sentencia valoró las pericias médicas, que concluyeron que la lesión derivada del siniestro provocó secuelas permanentes y parciales, justificando una indemnización de $11.692.796, aplicando actualización por RIPTE y considerando intereses y la inconstitucionalidad de leyes y decretos que limitan o impiden la actualización de créditos laborales y de riesgos del trabajo. La sentencia también declaró la inconstitucionalidad del Decreto 669/19 y 70/23, y del art. 7 de la Ley 23.298, por no cumplir con los requisitos constitucionales y de necesidad y urgencia. La decisión se fundamentó en que las normas en cuestión vulneran principios constitucionales de progresividad, irrenunciabilidad del trabajo y protección de derechos laborales, además de no estar justificadas en circunstancias excepcionales. La condena de la demandada se fijó en la suma señalada, con costas a su cargo y con interés moratorio del 3% anual sobre el capital, hasta su efectivo pago. FUNDAMENTOS PRINCIPALES: "El tribunal ha valorado la prueba pericial médica, que concluyó que la accidentada presenta una incapacidad física del 8%, que se encuentra claramente acreditada en las pericias de los doctores Moreno y Diag. y que, además, las secuelas clínicas y radiológicas, tales como la imagen heterogénea compatible con fibrosis o cicatriz, sustentan la existencia de secuelas permanentes. La valoración de los informes técnicos y la doctrina constitucional aplicable, permiten afirmar que la normativa que limita o impide la actualización de las indemnizaciones por riesgos del trabajo, como el art. 7 de la Ley 23.298 y los Decretos 669/19 y 70/23, resulta inconstitucional, por no cumplir con los requisitos de excepcionalidad y necesidad, además de vulnerar principios constitucionales de protección del trabajo y derechos económicos de los trabajadores." "Asimismo, en materia de actualización del monto indemnizatorio, corresponde aplicar el índice