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VILTE, JORGE LUIS ENRIQUE c/ ATM COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. s/ORDINARIO

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la condena a la aseguradora por la pago de la suma asegurada y daños morales, y amplió la indemnización por privación de uso a $450.000, fundamentando que la responsabilidad del asegurador se limita a la suma asegurada más intereses moratorios, y que el rubro de privación de uso debe cubrir el período de imposibilidad de uso, ajustado a la realidad del caso.

Dano moral Recurso de apelacion Privacion de uso Intereses moratorios Responsabilidad contractual Seguro de danos patrimoniales Responsabilidad de aseguradora Valor asegurado Clausula de ajuste automatico Cuantia de indemnizacion


- Quién demanda: Jorge Luis Enrique Vilte (actor)

¿A quién se demanda?

ATM Compañía de Seguros S.A. (demandada)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobertura indemnizatoria por robo o hurto total del motovehículo asegurado, daños morales, privación de uso y daños por mora.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la condena a la aseguradora al pago de la suma asegurada y daños morales, rechazó la pretensión de mayor valor por el valor del vehículo y la indexación, y elevó la indemnización por privación de uso a $450.000.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia de primera instancia, ratificada por la Cámara, sostuvo que la aseguradora reconoció el hecho y no acreditó haber realizado una oferta de pago íntegra y oportuna. La responsabilidad se limita a la suma asegurada más intereses moratorios, y la cláusula de ajuste automático fue descartada por no haberse abonado la extraprimma. La pretensión de mayor valor por el vehículo no fue acreditada, y la responsabilidad del asegurador se circunscribe a la suma asegurada y los intereses. La indemnización por privación de uso se ajustó a $450.000, considerando la falta de prueba específica sobre gastos derivados del uso del vehículo. La tasa de interés aplicada se mantuvo en los parámetros establecidos en la sentencia y conforme a la jurisprudencia. Se rechazaron agravios sobre daño punitivo y actualización monetaria por inconstitucionalidad, ratificando la constitucionalidad de las normas de prohibición de indexación.

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