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RAMIREZ JORGE c/ ART INTERACCION S.A. Y OTRO s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificó la sentencia respecto a los intereses y la actualización del capital en un reclamo por accidente laboral. La decisión se fundamenta en la inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación y en la necesidad de garantizar la preservación del valor adquisitivo del crédito laboral.

Recurso de apelacion Inconstitucionalidad Indexacion Inflacion Sistema financiero Creditos laborales Justicia laboral Intereses y actualizacion Ley 23.928 y 25.561 Valoracion del credito


- Quién demanda: Jorge Ramírez

¿A quién se demanda?

ART Interacción S.A. y otro

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización por accidente de trabajo y actualización del capital de condena

¿Qué se resolvió?

Se modifica la sentencia de primera instancia en cuanto a intereses y actualización del capital, declarando la inconstitucionalidad de las leyes que prohíben la indexación y estableciendo un nuevo método de actualización y cálculo de intereses.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Sala señala que la tasa de interés debe reflejar el costo del dinero en la realidad económica, incluyendo expectativas inflacionarias, y que la aplicación lineal de intereses según las actas 2601, 2630 y 2658 ya no compensaba la pérdida del valor adquisitivo del crédito. La Corte Suprema dejó sin efecto la capitalización periódica prevista en el Acta 2764 y la aplicación del índice regulado por el BCRA, por lo que la Sala debe adecuar su decisión a estos lineamientos. Además, se afirma que la normativa legal que prohíbe la actualización de créditos laborales resulta inconstitucional, por lo que se dispone que el capital se actualice mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, con un interés del 3% anual desde la fecha en que cada suma fue exigible, hasta el pago efectivo. Se destaca que la declaración de inconstitucionalidad de normas legales debe ser la última ratio del orden jurídico y que en este caso, la utilización de índices de actualización como el CER y UVA tiene precedentes en el sistema financiero y en leyes nacionales, por lo que resulta constitucional y adecuada para garantizar el valor de los créditos laborales.

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