BORSANI ELENA MARIA BEATRIZ c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS
La Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la constitucionalidad del Decreto 807/16 y la validez del índice de actualización para la Prestación Básica Universal, rechazando los recursos de ambas partes y manteniendo la sentencia de grado. La decisión se fundamentó en el fallo Blanco y en precedentes que avalan la aplicación del índice y la constitucionalidad de las leyes y decretos cuestionados.
- Quién demanda: No especificado en el extracto, pero se deduce que el actor es beneficiario de una prestación previsional.
¿A quién se demanda?
ANSES (administración nacional de la seguridad social).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reajuste de la Prestación Básica Universal, actualización del haber y cuestionamiento de la constitucionalidad del Decreto 807/16, ley 24.463, ley 27.426 y ley 27.541.
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó la constitucionalidad del Decreto 807/16 y la aplicación del índice de actualización basado en fallos de la Corte Suprema; además, rechazó los agravios sobre la ley 27.426 y la ley 27.541, y mantuvo la validez del componente PBU y los parámetros de actualización.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Corte Suprema de Justicia en el precedente "Blanco" afirmó que “no puede admitirse el ejercicio de una potestad de exclusivo resorte del Poder Legislativo Nacional, ejecutada por ese departamento del Estado desde el año 2008 en dos oportunidades (leyes 26.417 y 27.426), que por lo expuesto es el Congreso Nacional en su carácter de órgano representativo de la voluntad popular, el que deberá establecer, conforme a las facultades conferidas por la Constitución Nacional, el índice para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período en juego”. En consecuencia, se ratificó la constitucionalidad del Decreto 807/16 y la aplicación del índice del 26/11/2007. La Sala también confirmó la aplicación del índice previsto en precedentes como "Badaro" y "Rafael", que consideran la movilidad desde el 1 de enero de 2002 hasta 2006, y la ley 26.198 y decretos 1346/07 y 279/08. Sobre la ley 27.426, la Sala en mayoría rechazó su inconstitucionalidad, remitiéndose a fallos anteriores y a la doctrina del tribunal. La actualización del componente PBU se hizo conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema y precedentes internos, rechazando la limitación temporal de la adquisición del beneficio. Respecto al impuesto a las ganancias, se remite a fallos donde se ratifica su constitucionalidad. Las costas se imponen a la parte vencida, ANSES. Se regularon honorarios en un 30% de la suma en
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