LORDA LUIS ALBERTO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

Quién demanda: Luis Alberto Lorda

¿A quién se demanda?

ANSES

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revisión de la fórmula de movilidad previsional, declaración de inconstitucionalidad de leyes y decretos, y reconocimiento de sumas por bonos y refuerzos previsionales.

¿Qué se resolvió?

Se rechaza el planteo de inconstitucionalidad y se confirma la validez constitucional de las normas de movilidad y de las acciones del Estado durante la emergencia. La Cámara ordenó devolver las actuaciones al juzgado de origen respecto de la pretensión omitida, y confirmó que las medidas adoptadas fueron razonables y acordes a los principios constitucionales, sin evidenciar irracionalidad ni vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Fundamentos principales de la decisión:
- La nueva fórmula de movilidad prevista en la ley 27426 y sus implementaciones se ajustan a la jurisprudencia del Tribunal, preservando el carácter alimentario y sustitutivo de las prestaciones previsionales. La aplicación de la fórmula semestral, basada en índices de precios y salarios, resulta compatible con la normativa constitucional, ya que no implica devengamiento mensual ni quita del monto del haber.
- La declaración de inconstitucionalidad requiere un análisis exhaustivo y la demostración de irracionalidad manifiesta, lo cual no acontece en el presente caso, pues las medidas están respaldadas en la emergencia y en la necesidad de preservar el bienestar social, en línea con fallos de la Corte Suprema y precedentes jurisprudenciales.
- La normativa de emergencia y las facultades delegadas al Poder Ejecutivo se ajustan a la Constitución, ya que su finalidad es atender situaciones de gravedad y garantizar la seguridad social, sin vulnerar principios constitucionales. La declaración de inconstitucionalidad por sí sola no se sustenta, dada la existencia de un interés público suficiente y la razonabilidad de las medidas adoptadas.
- Respecto a los refuerzos y bonos, el tribunal dispuso devolver las actuaciones al juzgado de origen para que emita pronunciamiento sobre la pretensión omitida, considerando la documentación y las circunstancias específicas, sin afectar derechos adquiridos ni generar confiscatoriedad.