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FURIGA CARLOS ALEJANDROC/ GOMEZ RUBEN JOSE Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO

La Cámara de Apelaciones confirmó la reducción de intereses en un proceso ejecutivo, sosteniendo que la morigeración aplicada no afecta la seguridad jurídica ni la fuerza de la cosa juzgada, y que la reducción se ajusta a los límites de la buena fe y la moral, en un contexto de revisión de la liquidación de intereses y actualización de capital.

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¿Qué se resolvió en el fallo?

La causa involucra a Furiga Carlos Alejandro, quien reclama el cobro de una deuda en un proceso ejecutivo contra los ejecutados, incluyendo a Ruben José Gómez y otros. La resolución de primera instancia dispuso la reducción de los intereses aplicados por considerarlos abusivos, ajustándose a los principios de moral, buena fe y la intervención judicial para morigerar intereses en casos de desigualdad manifiesta. La apelación presentada por la parte ejecutante cuestiona la facultad del juez para reducir los intereses y aplicar criterios de actualización distintos a los inicialmente pactados, solicitando que se reemplace la tasa del 7,5% por la prevista en la comunicación B 7541 del BCRA del 9/10/2002, del 25,98% anual, y que se aplique la actualización mediante CER desde 2002 hasta el pago. La Cámara, tras analizar la jurisprudencia y los principios constitucionales y legales, concluye que la reducción de intereses y límites temporales en la actualización no vulneran la cosa juzgada ni la seguridad jurídica, ya que la diferencia en valores económicos y la necesidad de evitar conductas abusivas justifican la morigeración. La Corte señala que la sentencia de trance y remate, dictada en 2001, y las resoluciones posteriores, si bien generan autoridad, no son inmunes a revisión si se evidencia un despropósito que contravenga el orden público y la buena fe, lo cual se verifica en este caso dado el incremento desproporcionado del monto debido. La Cámara confirma la resolución apelada, estableciendo que la misma se ajusta a los límites del orden público y la moral, y que la facultad de morigerar intereses y actualizar capital en estos procesos es legal y constitucional, incluso de oficio, para evitar abusos y conductas antifuncionales.

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