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GIOANNINI, MARCELA MARTA S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA

La sentencia declara la restricción de la capacidad jurídica de Marcela Marta Gioannini y establece un sistema de apoyo para la toma de decisiones, en línea con la legislación de salud mental y derechos humanos, manteniendo la protección de su autonomía en un marco de respeto y protección de sus derechos.

Codigo civil y comercial Capacidad juridica Derechos humanos Proteccion de derechos Discapacidad intelectual Sistema de apoyo Reevaluacion Ley 26.657 Apoyo en decisiones Autonomia protegida

¿Qué se resolvió en el fallo?

La causa fue iniciada por la determinación de la capacidad jurídica de Marcela Marta Gioannini, quien presenta diagnóstico de discapacidad intelectual grave y antecedentes médicos y psicológicos complejos. La sentencia revisa la situación actual de la encartada, los informes periciales y la normativa vigente, incluyendo la Ley de Salud Mental (Ley 26.657) y el Código Civil y Comercial. Se concluye que la persona tiene capacidad limitada y requiere un sistema de apoyo para ejercer sus derechos, especialmente en actos jurídicos relevantes, incluyendo la administración de bienes y decisiones médicas. Se designa a su hermana Sandra como sistema de apoyo, garantizando su protección, participación y ejercicio de derechos políticos. La sentencia enfatiza que las medidas deben promover la mayor autonomía posible, respetando su dignidad y derechos, con revisiones periódicas cada tres años. Los fundamentos principales destacan que:
- La normativa moderna prioriza la protección de la dignidad y derechos humanos de las personas con discapacidad, incluyendo la presunción de capacidad y la necesidad de apoyos.
- La persona evaluada presenta deficiencias intelectuales y funcionales que justifican la restricción de capacidad, pero también la implementación de apoyos para facilitar su autonomía.
- La intervención judicial debe ser flexible, con revisiones periódicas y la participación activa de la persona y su sistema de apoyo.
- La protección y ejercicio de derechos, incluyendo el voto y la administración de sus bienes, deben hacerse con la asistencia necesaria, garantizando su participación y voluntad.
- La figura de apoyo y la supervisión deben ser proporcionales, promoviendo la mayor autonomía posible en un marco de protección.

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