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SOSA LUIS CARLOS C/ GALENO ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

Condenaron a Galeno ART S.A. a abonar una indemnización por accidente de trabajo, confirmando la sentencia de primera instancia y estableciendo un monto de $28.120.351,95, ajustado por índice RIPTE, por incapacidad permanente del 17,40%, considerando la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928.

Danos y perjuicios Reparacion integral Recurso de apelacion Indemnizacion Incapacidad permanente Accidente laboral Ripte Ley 24.557 Inconstitucionalidad ley 23.928 Riesgos del trabajo.

¿Qué se resolvió en el fallo?

La demanda fue promovida por Luis Carlos Sosa contra Galeno ART S.A. por un accidente laboral ocurrido el 02/12/13, en el que el actor sufrió lesiones en su hombro derecho tras resbalar al bajar de un camión, mientras realizaba tareas laborales para Cementos Avellaneda S.A. La causa fue reconocida por la ART y la empleadora, con constancia en la Comisión Médica. La pericia médica determinó una incapacidad parcial y permanente del 17,40%, basada en la limitación funcional del hombro derecho y factores de ponderación. La pericia psicológica confirmó la ausencia de daño psíquico. La pericia contable evidenció la vigencia de la cobertura del seguro y el monto del IBM, que fue actualizado mediante índice RIPTE tras la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928. La sentencia de primera instancia condenó al pago de la suma de $28.120.351,95, ajustada por intereses del 6% anual desde la fecha del accidente, y aplicó la indexación con RIPTE, resultando en un monto de aproximadamente $28,12 millones. El tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, en línea con la doctrina del fallo "Barrios" de la SCBA. También resolvió que las costas fueran a cargo de la demandada y reguló honorarios profesionales, además de ordenar el prorrateo de honorarios y la notificación electrónica. La Cámara confirmó la sentencia, rechazando los planteos de inconstitucionalidad sobre el sistema de riesgos del trabajo y manteniendo la condena, en virtud de la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 y la aplicación del índice RIPTE para actualización del capital indemnizatorio.

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