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C & S SRL C/ FERNANDEZ HUGO LUIS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)

La sentencia condena a Fernández y a la aseguradora por daños causados en un accidente vial que destruyó totalment el vehículo de la actora, indemnizando con $20.700.000 actualizables, por responsabilidad objetiva y responsabilidad de aseguradora.

Responsabilidad objetiva Indemnizacion Aseguradora Lucro cesante Responsabilidad del conductor Inconstitucionalidad ley 23.928 Responsabilidad del dueno Actualizacion ipc. Danos por accidente vial Destruccion total vehiculo

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, C&S SRL, demanda a Hugo Luis Fernandez y cita en garantía a San Cristobal SMSG, reclamando $1.970.000 por daños materiales, pérdida de chance y lucro cesante tras un accidente vial en el que el vehículo de la actora fue destruido total y el conductor del vehículo de Fernández circulaba a exceso de velocidad. La causa se tramitó con prueba pericial mecánica, contable y testimonial, que acreditó que Fernández circulaba en exceso, invadió el carril y causó el siniestro, siendo responsable en forma objetiva por el riesgo creado. La aseguradora reconoció su cobertura y su responsabilidad subsidiaria. El accidente causó daños materiales, pérdida de chance con acreditación de lucro cesante de $190.206, y destrucción total del vehículo. La pericia mecánica determinó destrucción total del Renault Laguna, modelo 1997. La jurisprudencia y la ley 17.418 establecen que la responsabilidad del dueño o guardián es objetiva, por riesgo creado, y recae sobre el propietario del vehículo. La responsabilidad de Fernández y la aseguradora se fundó en el incumplimiento del deber de cuidado, exceso de velocidad y la invadida del carril. Además, la ley 23.928 fue declarada inconstitucional por inconstitucionalidad sobrevenida, y se aplicó actualización por IPC. El tribunal condenó a pagar $20.700.000, intereses del 6% anual desde el hecho, y costas a la parte demandada. La sentencia además declaró la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, y dispuso la actualización del capital según IPC, en cumplimiento del principio de reparación integral.

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