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CABELLO ROBERTO S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA

Sentencia que determina la capacidad jurídica restringida de Roberto Cabello tras evaluación interdisciplinaria; el tribunal decide limitar su ejercicio en ciertos actos para proteger sus derechos y bienestar, estableciendo un sistema de apoyo y revisiones periódicas.

Capacidad juridica Restriccion de capacidad Proteccion de derechos Discapacidad mental Revision periodica Sistema de apoyo Evaluacion interdisciplinaria Tutela judicial Ley 26.657 Convencion cidpd

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor demanda la determinación de la capacidad jurídica de Roberto Cabello, quien fue declarado incapaz por demencia en 2014. Con el tiempo y en virtud de los cambios normativos, se solicitó y realizó una evaluación interdisciplinaria que evidenció que presenta un cuadro de retraso mental grave, embriopatía rubeólica y ambliopía, requiriendo asistencia permanente. El tribunal consideró que, en el cambio de paradigma respecto a los derechos de las personas con discapacidad, la capacidad de Roberto debe ser restringida solo en actos específicos relacionados con la administración patrimonial, la salud, gestiones administrativas y procesos judiciales. Se designó un sistema de apoyo conformado por el Padre Hector Pazos y el Hermano Jorge David Silanes, quienes podrán actuar en representación y promover su autonomía. Además, se estableció una salvaguarda para inscribir la inhibición general de bienes y la necesidad de una revisión en tres años. El fallo fundamenta que la normativa internacional y nacional, como la Ley 26.657 y la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas con Discapacidad, promueven un enfoque respetuoso de la autonomía y la dignidad, estableciendo que el diagnóstico por sí solo no implica incapacidad, sino que requiere evaluación interdisciplinaria y valoración contextual. Se destacan los principios del respeto a las decisiones, la promoción de la autonomía y el sistema de apoyo, estableciendo las condiciones y límites para la restricción de la capacidad jurídica. La sentencia también impone las costas al interesado y fija el acompañamiento del juez para la protección de la persona y sus bienes, con revisión periódica y seguimiento.

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