Logo

NOGUERA ROY MARTIN C/ JURELA NAHUEL IVAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín decide modificar parcialmente la sentencia de primera instancia, aumentando la indemnización por incapacidad sobreviniente y declarando la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928, aplicando nuevos criterios de intereses y actualización monetaria.

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Roy Martín Noguera, demandó a Nahel Iván Jurela por daños derivados de un accidente de tránsito ocurrido el 25/12/2020, reclamando una indemnización total de $ 51.800.000, compuesta por daños por incapacidad, daño moral y gastos médicos. La sentencia de primera instancia condenó a Jurela a pagar esa suma, además de los intereses, y rechazó reclamos por reparación del vehículo. Ambas partes apelaron: la demandada y la citada en garantía cuestionaron principalmente las indemnizaciones por incapacidad y daño moral, mientras que el actor también objetó la omisión del tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928. La Cámara reconoce que la indemnización por incapacidad debe basarse en la pérdida de chances laborales y productivas, ajustando el monto a $ 5.806.744,78, considerando la continuidad laboral del actor y la gravedad de las secuelas físicas. Respecto al daño moral, la resolución mantiene la suma de $ 15.000.000, argumentando que las lesiones y secuelas generan una presunción suficiente de daño moral, sin necesidad de mayor prueba. La reparación por gastos médicos se fija en $ 300.000, considerando los gastos probados y las circunstancias del caso, sin incluir gastos futuros, ya que no surge del peritaje la necesidad de tratamientos posteriores. Asimismo, se declara la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928 en cuanto a la prohibición de actualización monetaria, y se ordena aplicar intereses moratorios del 6% anual desde el 25/12/2020 hasta la sentencia, y mecanismos de actualización que preserven el valor real del capital indemnizatorio, incluyendo el uso del IPC y CER, con la aplicación posterior de la tasa del 6% hasta el pago efectivo. Fundamentos principales:
- La continuidad laboral del actor implica que el perjuicio se circunscribe a pérdida de chances, por lo cual debe valorarse en función del salario mínimo vital y móvil, ajustando proporcionalmente el daño.
- La fórmula actuarial y la tasa de interés deben ajustarse para reflejar la depreciación de la moneda por inflación, en línea con la doctrina de la Corte Suprema en causa "Barrios".
- La inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928 resulta manifiesta, ya que impide la actualización de las sumas indemnizatorias en un contexto inflacionario, vulnerando derechos constitucionales.
- La

Buscá fallos judiciales y jurisprudencia relevante para tu caso

Accedé a la base de datos más completa de jurisprudencia argentina. Encontrá sentencias de todos los fueros y jurisdicciones, con análisis detallado y keywords relevantes.

Comenzar