R., D. A. S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURIDICA
La Cámara de Dolores modificó la sentencia que declaró la inhabilitación de D. A. R. por considerar que no encuadraba en el supuesto legal, restringiendo su capacidad para actos relativos al manejo de dinero y estableciendo revisiones periódicas para garantizar su autonomía.
¿Qué se resolvió en el fallo?
La causa promovida por el asesor tutelar solicitó la restricción de la capacidad jurídica de D. A. R. por discapacidad intelectual. La sentencia original declaró una inhabilitación por retraso mental leve, fundamentada en informes sociales y médicos, y en la valoración de la vulnerabilidad del causante. La Cámara, tras analizar los argumentos del apelante, concluyó que la inhabilitación por prodigalidad no se ajustaba a la situación de R., ya que no existían conductas que pongan en riesgo su patrimonio ni perjudique a su grupo familiar. La sentencia apelada no fundamentó adecuadamente la declaración de inhabilitación, en tanto no se acreditaron los presupuestos legales. La Cámara modificó la resolución y restringió la capacidad de R. únicamente en actos relacionados con la percepción, administración y manejo de sumas de dinero, estableciendo que en caso de disposición de bienes registrables, se requerirá autorización judicial. Además, dispuso que la revisión de la situación de R. será realizada en un plazo no mayor a tres años, con audiencia personal y dictámenes interdisciplinarios. La decisión también señaló la importancia de evitar terminología estigmatizante, ajustándose a los principios del nuevo paradigma de derechos de las personas con discapacidad, y garantizando su autonomía y dignidad.
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