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BANCO PIANO S.A. C/ PAGGI RUBEN OMAR S/ COBRO EJECUTIVO

La sentencia declara la caducidad de la instancia por inactividad de la parte actora, imponiendo costas y disponiendo el cierre del proceso, en virtud de no haberse producido acto de impulso en el plazo legal.

Costas Caducidad de instancia Impulso procesal Proceso ejecutivo Orden publico Plazo legal Inactividad procesal Normativa procesal Ley 13.986 Caducidad por reincidencia

La sentencia analiza la inacción de la parte actora, Banco Piano S.A., en el proceso de cobro ejecutivo iniciado por Paggi Rubén Omar. La jueza considera que ha transcurrido más de tres meses desde la última actuación sin impulso, por lo que decreta la caducidad de la instancia, en virtud del art. 310 inc. 3° del C.P.C.C. y la ley 13.986. La resolución recuerda que la caducidad de instancia es un instituto de orden público destinado a evitar la duración indefinida de los procesos y que la parte actora no realizó ningún acto de impulso en el plazo establecido. La jueza citó doctrina y normativa sobre la caducidad y el interés público en la celeridad procesal, concluyendo que corresponde decretar la caducidad, imponer costas a la parte vencida, y diferir la regulación de honorarios hasta firmeza de la resolución. Fundamentos principales: "La caducidad de instancia es un instituto procesal de orden público, cuyo fundamento objetivo es la inactividad por un tiempo determinado de los litigantes, quienes ante el desinterés demostrado tienen su sanción" y "Desde la última actuación que tuvo por efecto impulsar el presente proceso (31/03/2023), no cabe duda que desde la misma hasta la actualidad, ha transcurrido el plazo de tres meses previsto por el art. 310 inc. 3° del C.P.C.C." La jurisprudencia citada señala que la ley 13.986 incorporó el supuesto de caducidad por reincidencia en la omisión de impulsar la instancia, explicando que si quien fue requerido a pronunciarse abandona el proceso por un período igual, podrá sufrir caducidad. La resolución enfatiza que la inacción prolongada vulnera los valores de paz y seguridad jurídica, justificando la declaración de caducidad y la imposición de costas.

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