CUCARESE EMILIO DAVID C/ KOBRYNIEC JUAN DANIEL Y OTRO/A S/ EJECUCION DE HONORARIOS

El actor, Emilio David Cucarese, demanda a Eugenio Miguel Kobryniec y Juan Daniel Kobryniec en ejecución de honorarios por una suma de $124.674, vinculada a honorarios regulados en un expediente de sucesión. Se ordena un embargo sobre derechos hereditarios en el marco del mismo proceso. La defensa de los ejecutados presenta excepción de falta de personería, que el tribunal declara abstracta dado que la documentación acreditaba la personería de la apoderada, y también una excepción de pago parcial vinculada a un depósito realizado por los ejecutados. Además, se cuestiona la constitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928, por afectar la razonabilidad y el derecho de propiedad en un contexto inflacionario. La sentencia resuelve:
- Declarar abstracta la excepción de falta de personería y nulidades;
- Hacer lugar a la excepción de pago parcial por $329.978,04, ajustando el monto total a $729.768,73, con intereses al 12% anual desde la mora (1/5/2018), actualizados por IPC;
- Declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928, en línea con la jurisprudencia de la Corte provincial que cuestiona la indexación automática en contextos inflacionarios;
- Imponer costas en función de la situación procesal;
- Diferir la regulación de honorarios. Fundamentos principales: El tribunal argumenta que la excepción de falta de personería es inadmisible en las condiciones del caso, dado que la documentación acompañada acreditaba la personería de la apoderada, y que los planteos de nulidad y revocatoria devienen abstractos en virtud del mismo análisis. En cuanto a la excepción de pago, sostiene que la conducta de los ejecutados al depositar el dinero en la cuenta del actor genera una presunción de pago, siendo inadmisible su impugnación posterior. Respecto a la constitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928, la resolución cita la jurisprudencia de la Corte provincial que lo declaró inconstitucional por desconocer principios de razonabilidad en un escenario inflacionario, ordenando la actualización de las sumas conforme al IPC. La sentencia además establece que la deuda debe actualizarse desde el fallo y hasta el