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BENITEZ ARMANDO CESAR C/ MINIST. DE DESARROLLO HUMANO Y TRABAJO Y OTRO/A S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la sentencia que confirmó la nulidad de la cesantía de un asistente de minoridad fue rechazado por la Suprema Corte, que consideró que la impugnación no presentó argumentos suficientes para invalidar la fundamentación del tribunal de alzada, manteniendo la validez del procedimiento administrativo realizado.

Recurso extraordinario Sumario administrativo Derechos constitucionales Derechos de defensa Responsabilidad disciplinaria Nulidad resolucion administrativa Responsabilidad del empleado publico Motivacion actos administrativos Responsabilidad penal y disciplinaria Proceso administrativo regular

¿Qué se resolvió en el fallo?

El señor Armando César Benítez inició una demanda contencioso administrativa contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, solicitando la nulidad de las resoluciones 74/2016 y 18/2017 que dispusieron su cesantía y rechazaron recursos administrativos, y reclamando su reincorporación y pago de haberes y daños. La Justicia de Primera Instancia desestimó la demanda, argumentando que las sanciones estaban fundamentadas en la valoración adecuada de pruebas en un procedimiento administrativo regular. La Cámara de Apelación confirmó esta decisión, señalando que la responsabilidad disciplinaria se sustenta en pruebas suficientes, incluyendo informes y evidencias de la agresión a un menor en el centro cerrado donde el actor trabajaba, y que la valoración de las pruebas fue correcta y respetó el derecho de defensa. La demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, alegando vulneraciones constitucionales, violación del debido proceso y omisiones en la fundamentación de las resoluciones administrativas. La Corte Suprema, tras analizar los argumentos, concluyó que el recurso era insuficiente y que los agravios no lograban demostrar una arbitrariedad o violación constitucional sustancial, por lo que se rechazó el recurso, confirmándose la sentencia de alzada y ordenándose el pago de costas al recurrente.

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