Ley 9.078 de Córdoba
Ratifica decreto n
Texto actualizado por SAIJ, revisado por última vez el 04/07/2014
Economia y finanzas-emergencia economica-emergencia financiera-control del sector publico-administracion financiera
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Artículo 1.- RATIFICASE en todos sus términos el Decreto N. 2656 de fecha 12 de Noviembre de 2001, cuyo objeto fue declarar "la emergencia económico financiera y administrativa del sector público de la Provincia de Córdoba" en los términos de la Ley N. 25.344 y adoptar las medidas conexas, con las modificaciones introducidas en la presente Ley.
El referido decreto, compuesto de veintiocho (28) artículos, forma parte de la presente Ley como ANEXO UNICO de ocho (8) fojas.
Artículo 2.- RATIFICASE la declaración de emergencia económico-financiera y administrativa del sector público de la Provincia de Córdoba, la que comprende la ejecución de los contratos y la prestación de los servicios relativos a dicho sector.
Artículo 3.- ENTIÉNDESE por sector público provincial al que hace referencia la declaración de emergencia ratificada en el artículo anterior, a toda la administración centralizada, desconcentrada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas y sociedades del estado, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia, Instituto Provincial de Atención Médica, Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, Empresa Provincial de Energía de Córdoba, Banco de la Provincia de Córdoba y las entidades o sociedades en las que el Estado Provincial o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o el poder de decisión.
Artículo 4.- ESTABLÉCESE que el Poder Ejecutivo podrá disponer -con fundamento en la emergencia que se declara- la resolución, rescisión ó rescate de todos los contratos celebrados por el Estado Provincial con anterioridad al día 31 de Diciembre de 2002, a cuyo efecto se considerará que ha quedado configurada la causal de fuerza mayor.
La rescisión, resolución ó rescate no será declarado si -previo acuerdo de partes- el contrato pudiera continuar con sustento en el sacrificio compartido entre ellas que posibilite el desenvolvimiento de las prestaciones pendientes de acuerdo con la disponibilidad de fondos del contratante público y la atención de la deuda en mora mediante quitas, esperas, pago en títulos o letras de cancelación.
Asimismo, el co-contratante de la administración deberá renunciar -en forma irrevocable- a percibir gastos improductivos, mayores gastos generales -directos o indirectos- u otra compensación derivada de la reducción del ritmo o la paralización total o parcial de la obra o prestación.
En caso de rescisión, resolución ó rescate no deberá reconocerse al co-contratante, compensación alguna en concepto de lucro cesante.
Artículo 5.- SUSPÉNDESE la ejecución de las sentencias y laudos arbitrales que condenen al pago de una suma de dinero y dictados contra el ESTADO PROVINCIAL y/o el sector público provincial enumerado en el artículo tercero de la presente Ley.
Artículo 6.- LAS sentencias judiciales, los actos administrativos firmes, los acuerdos transaccionales y los laudos arbitrales que reconozcan la existencia de las obligaciones alcanzadas por la consolidación dispuesta en la presente Ley, tendrán carácter meramente declarativo con relación a los sujetos comprendidos y se limitan al mero reconocimiento del derecho que se pretenda e invoque. La única vía para su cumplimiento es la establecida en ésta Ley.
Artículo 7.- CONSOLIDANSE en el Estado Provincial, con los alcances y en la forma dispuesta por las Leyes N° 8250, 8297, 8332, 8836 y decretos reglamentarios, todas las obligaciones vencidas ó de causa ó título anteriores al día 31 de Diciembre de 2002, que consistan en el pago de sumas de dinero ó que se resuelvan en el pago de sumas de dinero.
Artículo 8.- CONSOLIDANSE en el Estado Provincial, con los alcances y en la forma dispuesta por las Leyes N° 8250, 8297, 8332, 8836 y decretos reglamentarios, todas las obligaciones vencidas ó de causa ó título anterior al día 31 de Diciembre de 2002, incluso previsionales, que consistan en condenas judiciales a pagar sumas de dinero ó que se resuelvan en el pago de sumas de dinero.
Artículo 9.- LAS consolidaciones dispuestas en los dos artículos precedentes comprenden las obligaciones a cargo del ESTADO PROVINCIAL y del sector público provincial enumerado en el artículo tercero de la presente Ley.
Artículo 10.- EN la consolidación dispuesta en los artículos séptimo (7) y octavo (8) quedan incluidas las obligaciones comprendidas en cualquiera de los siguientes casos, a saber:
a) Cuando mediare ó hubiese mediado controversia planteada judicial ó administrativamente conforme a las leyes vigentes acerca de los hechos ó el derecho aplicable.
b) Cuando el crédito ó el derecho reclamado administrativa ó judicialmente, ó susceptible de ser reclamado judicial ó administrativamente haya sido alcanzado por suspensiones dispuestas por leyes ó decretos dictados con fundamentos en los poderes de emergencia del Estado hasta el día 31 de Diciembre de 2002 y su atención no haya sido dispuesta ó instrumentada por otros medios.
c) Cuando el crédito ó el derecho sea ó haya sido reconocido por pronunciamiento judicial aunque no hubiese existido controversia, ó ésta cesare ó hubiere cesado por un acto administrativo firme, laudo arbitral ó una transacción.
d) Cuando se trate de obligaciones accesorias a una obligación consolidada. La consolidación también alcanza a los honorarios de los profesionales que hubieren representado ó asistido a las partes en el juicio ó en las actuaciones administrativas correspondientes, y también -en su caso- a los peritos, siempre que surjan de obligaciones consolidadas.
e) Cuando el Estado reconozca ó hubiera reconocido el crédito ó el derecho y -en consecuencia- propusiere una transacción en los términos del inciso a).
Las obligaciones mencionadas solo quedaran consolidadas luego de su reconocimiento firme en sede administrativa ó judicial.
Artículo 11.- LAS disposiciones contenidas en las Leyes Nº 8250, 8297, 8332, 8836 y correspondientes decretos reglamentarios, que no resulten modificadas por la presente Ley, serán de estricta aplicación a los pasivos cuya consolidación se dispone en los artículos séptimo (7) y octavo (8).
Artículo 12.- LOS pedidos de informes ó requerimientos judiciales respecto al plazo en que se cumplirán las obligaciones alcanzadas por la consolidación dispuesta por la presente Ley, serán respondidos por el Poder Ejecutivo indicando que tales obligaciones quedarán sujetas a los recursos que -anualmente- contemple la Ley de Presupuesto General de la Administración Provincial para hacer frente a los pasivos consolidados, en un plazo máximo de dieciséis (16) años.
Artículo 13.- EN forma alternativa al plazo previsto en la última parte del artículo anterior, los acreedores cuyas obligaciones han resultado consolidadas por la presente Ley, podrán optar suscribir -a la par- en moneda nacional, dólares estadounidenses, euros u otra moneda extranjera, por el importe total ó parcial de su crédito, BONOS ó TITULOS de CONSOLIDACIÓN (Serie 2001) en las condiciones que determine la reglamentación.
Artículo 14.- EL Poder Ejecutivo dispondrá la emisión de los BONOS ó TITULOS de CONSOLIDACIÓN (Serie 2001), a dieciséis (16) años de plazo -en una ó más series- hasta la suma necesaria para afrontar las solicitudes de suscripción que reciba para cancelar las obligaciones consolidadas y los pasivos judiciales contingentes que resulten de la presente Ley.
Artículo 15.- LOS suscriptores originales de BONOS ó TITULOS de CONSOLIDACIÓN (Serie 2001) podrán utilizarlos -a la par y en las condiciones previstas por la reglamentación- para cancelar deudas con el Estado Provincial y demás organismos, entes, sociedades, empresas ó reparticiones referenciadas en el artículo tercero (3) que estuvieren vencidas al día 31 de Diciembre de 2002.
Artículo 16.- EL Poder Ejecutivo establecerá un límite mínimo de edad a partir del cual se podrá excluir de la consolidación dispuesta en el presente decreto de necesidad y urgencia a los titulares de créditos previsionales derivados del régimen general.
Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá disponer la exclusión de otras obligaciones cuando mediaren circunstancias de excepción vinculadas a desamparo, indigencia ó créditos comprendidos en situaciones de naturaleza similar, cuando la obligación tuviese carácter alimentario ó cuando lo estimare oportuno, conveniente, necesario ó de interés general para la Provincia.
Artículo 17.- LAS deudas consolidadas por leyes anteriores de la misma naturaleza y sus modificatorias, que tengan iniciado el trámite administrativo y aún no hubieran sido canceladas totalmente ni recibido los respectivos bonos de consolidación, quedan excluidas de la presente Ley.
Artículo 18.- SUSPÉNDANSE -de pleno derecho y sin necesidad de declaración jurisdiccional alguna- todos los plazos procesales que estuvieren actualmente en curso de ejecución con relación a los juicios, procesos ó compromisos arbitrales asumidos en que el Estado Provincial o las entidades y sociedades que se indican en el artículo tercero (3), sean parte legítima como actor, demandado, tercerista ó como interesado.
La suspensión dispuesta precedentemente se mantendrá vigente hasta que el Juzgado ó Tribunal, de oficio, -cuando así correspondiere por la naturaleza del juicio- ó la parte actora ó demandada, por sí ó a través de su letrado, comuniquen a la PROCURACIÓN del TESORO la existencia del juicio, su carátula, número de expediente, radicación originaria y la actual, identificación de la contraparte estatal, profesional letrado que la representa ó patrocina, domicilio constituido en la causa, estado procesal actual, monto pretendido (determinado ó a determinar).
Conjuntamente con la notificación fehaciente se deberá adjuntar la copia de la demanda, y de las resoluciones interlocutorias y sentencias que se hubieran dictado en el proceso hasta la fecha en que se operó la suspensión de los plazos procesales.
La notificación a la PROCURACIÓN del TESORO deberá efectivizarse en forma personal a su titular, por medio de cédula u oficio librado por el Tribunal interviniente en las condiciones previstas en éste artículo y en el domicilio legal especificado en el artículo veinte (20).
El Tribunal ó Juzgado interviniente deberá verificar el cumplimiento de las exigencias previstas en esta Ley y -si las estimara cumplimentadas- no suspenderán los plazos procesales dispuestos en el presente artículo ó bien dispondrán la prosecución del trámite una vez transcurrido el plazo de sesenta (60) días de practicada la notificación.
Artículo 19.- EN ningún caso y bajo ningún concepto el representante del Estado Provincial ó las entidades y sociedades que se indican en el artículo 2 podrá cobrar honorarios a su representada ó patrocinada, pero sí le corresponderán en propiedad los honorarios que se le regulen en concepto de costas que sean impuestas a la parte contraria.
La renuncia contemplada en la primera parte del presente artículo deberá constar en el escrito de demanda, con transcripción de la norma. El incumplimiento determinará que el Tribunal no imprima curso a la demanda y ordene notificar -de oficio y en forma personal- al Procurador del Tesoro a sus efectos.
Artículo 20.- LOS juicios que se promuevan en contra del Estado Provincial ó de las entidades y sociedades del sector público mencionadas en el artículo tercero (3°) a partir de la vigencia de la presente Ley, cualquiera sea la jurisdicción que corresponda, deberán notificarse -en forma previa y en los términos establecidos por la presente Ley- en el domicilio legal de la Provincia de Córdoba.
Mientras no se cumplimente con dicha carga procesal, regirá la suspensión de los plazos procesales dispuesta en la presente Ley.
La notificación que se curse al organismo pertinente para comparecer ó contestar la demanda deberá practicarse treinta (30) días después que se hubiera cumplimentado la notificación prevista en el artículo dieciocho (18) de la presente Ley.
En los juicios de amparo ó de naturaleza abreviada, el plazo fijado en el párrafo anterior se reducirá a diez (10) días.
La notificación prevista en el artículo dieciocho (18) de la presente Ley y en éste artículo deberán practicarse en la sede de la PROCURACIÓN DEL TESORO sita en calle DUARTE QUIROS n° 650 (Quinto Piso) de la Ciudad de Córdoba, donde se fija el domicilio legal de la PROVINCIA DE CORDOBA y de los organismos del sector público enumerados en el artículo tercero (3°).
El Poder Ejecutivo podrá fijar otro domicilio en reemplazo del establecido en el párrafo anterior.
Artículo 21.- LOS plazos expresados en la presente Ley deben computarse en días hábiles.
Artículo 22.- TODO conflicto normativo relativo a su aplicación deberá interpretarse y resolverse en beneficio de la presente Ley.
Artículo 23.- LA presente Ley es de orden público y ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos.
Artículo 24.- DEROGASE toda otra disposición normativa que se oponga a los contenidos establecidos en la presente Ley.
Artículo 25.- ESTA Ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 26.- INVITASE a los Municipios y Comunas a adherir a los contenidos de la presente Ley, legislando en el ámbito de sus respectivas competencias sobre las materias incluidas en la misma.
Artículo 27.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
ANEXO ÚNICO.- DECRETO N. 2656/01
Jurisprudencia que aplica la Ley 9.078 de Córdoba
2 fallos de la base de JurisprudenciaARG citan esta ley. Es lo que tenemos recopilado de fuentes oficiales: puede no estar todo. Abajo, los de 2022 en adelante.
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