ASOCIACIÓN CIVIL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO - OTROS

En el caso, corresponde hacer lugar a los recursos de apelacion interpuestos por las codemandadas, revocar la sentencia de primera instancia en lo que fue materia de agravio y, en consecuencia, rechazar la demanda, sin costas. El Magistrado de grado hizo lugar parcialmente a la demanda de impugnación del Convenio Urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y la empresa de inversiones codemandada con respecto al inmueble de aproximadamente 23 hectáreas situado dentro del predio de Costanera Sur, de sus adendas y de todos los actos que sean su consecuencia. Ello en el entendimiento de que la ejecución del convenio referido tendrá un indudable impacto ambiental y, por tanto, provocará un daño irreparable o de difícil reparación ulterior, siendo necesario contar con anterioridad a su suscripción con un Estudio Diagnóstico, con la Evaluación de Impacto Ambiental final y garantizar la participación de la ciudadanía. Todo ello por considerar conculcados preceptos constitucionales y legales (arts. 1, 26, 30 y cctes. CCBA; 14, 22 c. y 25 del Plan Urbano Ambiental (PUA); ley 123, y Acuerdo de Escazú (AE) –Ley Nº 27.566–, arts. 7 y cctes.), que afectarían derechos colectivos del conjunto de la comunidad. El GCBA se agravió por considerar que había una ausencia de caso, causa o controversia. Al respecto, cabe destacar que si bien no estamos propiamente frente a una controversia ambiental en los términos en que lo ha definido la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), toda vez que la parte actora invoca la lesión al derecho de participación ciudadana con fundamento en normas legales y supralegales que tienden a resguardar ese derecho, especialmente cuando circundan cuestiones ambientales, cabe tener por acreditada la existencia de un caso en los términos de los artículos 116 de la Constitución Nacional (CN) y 106 de la Constitución de la Ciudad (CCABA). En efecto, la construcción del caso ambiental requiere de una afectación directa, inmediata o un perjuicio concreto sobre el ambiente y debe pretender una medida específicamente protectora sobre él. Debe, además, identificarse la ilegalidad manifiesta que provoca ese perjuicio y aportar elementos que demuestren que la tutela que se pretende no es abstracta ni de puro derecho. Debe destacarse que ni la parte actora en su demanda ni la sentencia apelada, han señalado una afectación concreta, directa o inmediata sobre el ambiente que se pretende resguardar, ni han explicado de qué manera la nulidad del convenio implicaría resguardar esa lesión. Cabe señalar que el objeto del presente caso se centra solo en el Convenio Urbanístico -hoy aprobado por la Ley N°6.476
- en tanto modificó normas urbanísticas que harían posible la presentación de un proyecto de obra denominado “Parque Público y Urbanización Costa Urbana” que aún no existe siendo que, de los considerandos del Convenio, se desprende que aquel consiste en un “proyecto de desarrollo” de una parcela y lo que se aprobó es la propuesta de fraccionamiento, cesión de calles y espacios de uso y utilidad pública (anexo A) y la modificación de normas del PUA (anexo B). En virtud de ello, resulta claro que, al no estarse ejecutando ninguna obra ni acción directa sobre el ambiente, en tanto aún no existe si quiera dicho proyecto de obra, no puede sostenerse que exista un caso ambiental, dado que no hay una acción directa sobre el ambiente, ni tampoco se explica de qué manera dichas modificaciones normativas pueden por sí mismas, implicar un daño hacia el ambiente.