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Recurso Queja Nº 4 - Principal en Tribunal Oral 0 - IMPUTADO: BORRAS PERALTA, SANTIAGO EMMANUEL Y OTRO s/INFRACCION LEY 23.737

La Corte Suprema dejó sin efecto una condena por tráfico de estupefacientes que se apartó de la escala penal mínima, considerando que el tribunal incurrió en arbitrariedad al no examinar la cuestión federal sobre la constitucionalidad de las limitaciones recursivas del Código Procesal Penal.

Recurso extraordinario Arbitrariedad Cuestion federal Recurso de casacion Recursos Ministerio publico Falta de fundamentacion Limitaciones recursivas Pena Sentencia arbitraria Trafico de estupefacientes Pena minima Codigo procesal penal Tribunal superior de la causa Omision en el pronunciamiento Division de los poderes

¿Qué se resolvió en el fallo?

Limitaciones recursivas del art. 458 del Código Procesal Penal de la Nación: apartamiento de la jurisprudencia de la Corte Un Tribunal Oral condenó al acusado por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte apartándose de la escala mínima penal prevista en dicha figura por considerar que el caso revestía particularísimos ribetes, que escapaban al común de los casos. Contra esa decisión el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación, que fue declarado mal concedido, lo que originó la interposición de un recurso extraordinario. La Corte dejó sin efecto la sentencia apelada ya que consideró que se trataba de un supuesto de arbitrariedad. Tuvo en cuenta que al negarse a examinar la cuestión federal relativa a la imposibilidad de imponer una condena por debajo del mínimo legal sin declarar su inconstitucionalidad, incurrió en consideraciones puramente dogmáticas y omitió, de ese modo, aplicar la jurisprudencia de la Corte que precisa en qué condiciones las limitaciones recursivas establecidas en el art. 458 del código procesal resultan constitucionalmente válidas. Consideró el Tribunal que la afirmación de la cámara según la cual se trataría de una “mera discrepancia” con el criterio del tribunal oral era decididamente dogmática y que el planteo relativo a que la pena impuesta habría implicado que el tribunal hubiera asumido una función que corresponde a otro poder del Estado suponía la existencia de una cuestión federal suficiente que debió haber sido abordada por la Cámara Federal de Casación Penal.

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