Cesarin, José Angel y otros p.ss.aa. de propagación culposa de enfermedades peligrosas- Recurso extraordinario
Los sucesores de víctimas de contagio por tratamientos de hemodiálisis demandaron al Superior Gobierno de la Provincia por daño moral. El Tribunal Superior de Justicia hizo lugar a las demandas y condenó al Estado, in solidum, a abonar las sumas detalladas en la parte dispositiva por agravio moral, con costas.
¿Quién es el actor?
Raúl Ramón Olmos y los sucesores de Ramona Lucía Guevara, Antonio Alberto Pérez, José Héctor Luque, Dolores García de Alaniz, Josefina María Puebla de Montenegro, Nicolás Francisco Carballo, Egidio Amadeo Monasterolo y Segundo Alberto Figueroa Alcorta.
¿A quién se demanda?
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acciones civiles por agravio moral derivado de la propagación del virus HIV/propagación culposa de enfermedades contagiosas (reparación por daño moral).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a las demandas y se condenó al Superior Gobierno de la Provincia, in solidum, a pagar las sumas detalladas por cada actor (p. ej. $150.000 a Raúl Ramón Olmos; $80.000 a sucesores de Ramona Lucía Guevara; $90.000 a sucesores de Antonio Alberto Pérez; $80.000 a sucesores de José Héctor Luque; $60.000 a sucesores de Dolores García de Alaniz; $100.000 a sucesores de Josefina María Puebla de Montenegro; $90.000 a sucesores de Nicolás Francisco Carballo; $120.000 a sucesores de Segundo Alberto Figueroa Alcorta; $120.000 a sucesores de Egidio Amadeo Monasterolo), con costas, y se mantuvo la regulación de honorarios conforme a la sentencia de Cámara de 17/3/1995. Las costas de la instancia de casación quedaron a cargo del Superior Gobierno de la Provincia.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema corresponde condenar al Estado -in solidum con los otros demandados- al pago de las indemnizaciones en las que fuera demandado como tercero civilmente responsable, de acuerdo a los rubros y montos fijados en la sentencia de la Cámara Quinta en lo Criminal en los puntos XI), XII), XIV) y XV)."
"Para el Alto Tribunal los siguientes hechos fueron los probados en las instancias ordinarias: 'Un paciente portador del virus de inmunodeficiencia humana ingresó en una clínica privada ubicada en Córdoba. Ello causó que treinta y tres personas que allí se efectuaban diálisis contrajeran esa enfermedad. Todas ellas, excepto una, fallecieron después del contagio (fs. 3028 vta., 3029 y 3260)'" .
"En la presente sentencia comprende a todos los actores civiles que demandaron al Estado y a cuyas acciones hizo lugar el tribunal de juicio, aún cuando en esta sede no interpusieran hábilmente el recurso extraordinario, en virtud del efecto extensivo del pronunciamiento del Alto Tribunal, conforme se ha interpretado en el precedente de esta Sala, in re 'Baiadera', S. nº 26, del 28/4/98."
¿Cómo votaron los jueces?
No consta voto en disidencia; los tres Vocales emitieron su voto en forma conjunta y la parte dispositiva expresa la decisión mayoritaria.
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