Díaz de Pomares, Nora y otros
Imputados por pago de honorarios mediante vales y reintegro municipal reclamaban responsabilidad por administración fraudulenta. La Cámara absolvió a Nora Díaz de Pomares, Jorge A. Ferrero, Guillermo V. Quiroga y a Carlos H. Rojo, por insuficiencia probatoria y aplicación del principio in dubio pro reo y por entender que existió controversia razonable sobre la naturaleza pública del gasto de $24.000.
¿Quién es el actor?
Ministerio Público Fiscal (Fiscal de Cámara, Dr. Moisés Yona) y el Juzgado de Instrucción que remitió la pieza acusatoria.
Demandados / imputados: NORA NOEMI DÍAZ DE POMARES; JORGE ALBERTO FERRERO; GUILLERMO VICTOR QUIROGA; CARLOS HUGO ROJO.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se les imputó la comisión de Administración Fraudulenta Calificada en relación al pago de honorarios profesionales por $24.000 (recibos nros. 0000-000013, 0000-000023 y 0000-000025) aparentemente abonados con fondos del erario municipal mediante vales y posterior reintegro por Decreto 1176/97.
¿Qué se resolvió?
Se absolvió a los imputados por los hechos y calificaciones que les atribuyó la pieza acusatoria (Administración Fraudulenta Calificada: partícipes secundarios los tres primeros; autor el Sr. Rojo), sin imposición de costas. La Cámara fundamentó la absolución en la existencia de duda razonable sobre el elemento subjetivo (error invencible o razonable sobre la naturaleza del gasto) y en la valoración probatoria integrada por decretos, visaciones del Tribunal de Cuentas, informes de la Dirección de Asuntos Legales y la actuación del Concejo Deliberante.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Esta duda, que funciona en el área de la valoración de la prueba debe interpretarse en sentido amplio, abarcativa no solo del estado de duda strictu sensu, sino también de la improbabilidad y aun de la probabilidad, lo que lleva a estarse a lo más favorable al imputado por aplicación del principio 'in dubio pro reo', derivado del Estado de Inocencia, reconocido constitucionalmente (art. 18 C.N., art. 11 inc. 1 Declaración Universal de Derechos Humanos, art. XXVI Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 8 inc. 2 Pacto de San José de Costa Rica, art. 39 Const. Prov., art. 406 3° p. C.P.P.). Entiendo que la situación acá planteada no escapa a los parámetros generales antes citados, llevándome necesariamente a concluir y reconocer que la prueba objetivamente existente en autos me impiden precisar con certeza uno u otro extremo por lo que la duda acerca de si los acusados en la oportunidad actuaron o no bajo el influjo de un error de hecho, sea que elemento subjetivo hubiere sido intencional (dolo) o imprudente o negligente (culpa), debe jugar y resolverse en favor de los traídos a proceso... debiendo en consecuencia disponerse la absolución..." (voto del Sr. Vocal Dr. José Luis Clemente).
"El Tribunal de Cuentas lo aprueba tácitamente, porque surge de dicho órgano controlante la inactividad respectiva, en el plazo de cinco días que tenía para observarlo. Cabe aquí detenerse para manifestar lo siguiente: 1) el Dpto. Ejecutivo procedió de igual manera en un caso análogo reintegrando $ 12.000 al arquitecto Nicasio Arsenio Gianfelici, y por supuesto, nada objetó el Tribunal de Cuentas... En definitiva la protección del derecho de Igualdad se apoya en dos elementos que van a ser objetos de análisis: si la diferencia de trato está dotada de una justificación objetiva y razonable y si existe la debida proporcionalidad entre la distinción de trato que se efectúa y los objetivos que con ella se persigue. Ambos elementos están presentes en las circunstancias de estos obrados, para acreditar que el gasto que realizó la autoridad del Estado Municipal... en la defensa jurídico técnica... es gasto público legitimado." (voto del Sr. Vocal Subrogante Dr. Félix Alberto Pertile).
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo disidencia; la resolución fue por unanimidad.
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