Dubrowsky, Sergio y otra c/ Municipalidad d Córdoba - Plena jurisdicción
Demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción contra actos municipales por presunta nulidad y reparación administrativa. La Cámara rechazó la demanda y ordenó imponer las costas a la actora, por entender que las irregularidades formales invocadas no produjeron perjuicio ni desvirtuaron la validez de los actos administrativos.
¿Quién es el actor?
la parte actora (no individualizada en la parte resolutiva transcripta; en el cuerpo se alude a actores que cuestionan actos municipales).
¿A quién se demanda?
Municipalidad / autoridades municipales (Juzgado Municipal de Faltas y Municipio demandado).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
impugnación de actos administrativos municipales (resolución sancionatoria y acta de infracción; cuestionamientos formales del acta, la notificación y la fecha de la resolución) y pretensión de indemnizaciones laborales en otro tramo del expediente (art. 8 y 15 Ley de Empleo en expediente anexo).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada; las costas se impusieron a la parte actora.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En tal contexto, los agravios vinculados exclusivamente a la inaplicabilidad de la normativa que regula la relación de empleo público en el ámbito provincial por ser vulneratorio de la autonomía municipal reconocida en el artículo 180 de la Constitución Provincial (cuestión que no fue planteada expresamente en la demanda, cfr. fs. 151/7) carecen de trascendencia para revertir el sentido del fallo cuestionado, al soslayar la recurrente que el derecho subjetivo de carácter administrativo que invoca -estabilidad-, recién se incorpora a la esfera de los particulares cuando se cumplen los requisitos constitucionales y reglamentarios para la obtención de tal garantía, exigencias estas que tal como ha quedado definitivamente fijado por el Tribunal a-qua, no reunía la actora al tiempo de producirse su baja, por cuanto no acreditó ser empleada de carrera (art. 23 inc. 13, C. Pcial.) y tampoco que su ingreso fuera por la categoría más baja, previo proceso de selección que demuestre su idoneidad."
"En definitiva, los vicios, errores y defectos procedimentales señalados por los actores, carecen de entidad suficiente para anular el acto atacado... Entiendo, por tanto, que la demanda debe ser rechazada, por lo que voto negativamente a la primera cuestión. En lo que concierne a las costas, opino que deben ser impuestas a los actores vencidos, por no encontrar razones que me hagan apartar del principio objetivo de la derrota."
Adicional (sobre aspectos concretos del acta y la notificación):
"La fecha es un elemento esencial del acto administrativo... si bien formalmente el error en dicho elemento existe, debe ser evaluado en el contexto procedimental, surgiendo de éste que no se ha producido perjuicio alguno derivado de tal falencia, ya que la obligatoriedad de la sanción opera con posterioridad a su notificación, la que les permitió a los impugnantes promover en tiempo útil la presente acción. En consecuencia, no habiendo existido perjuicio para los actores, el error señalado es ineficiente para anular el acto administrativo de que se trata."
¿Cómo votaron los jueces?
No consta disidencia en la parte resolutiva transcripta; el acuerdo fue unánime en el rechazo de la demanda y la imposición de costas (Gutiez; Suárez Ábalos de López; Sánchez Gavier).
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