Hidalgo, Mabel A c/ Zeballos Basilio R - Ejecutivo
La apelante, Municipalidad de Córdoba, impugnó la imposición de astreintes tras el embargo practicado; la Cámara rechazó el recurso y confirmó el auto apelado, imponiendo además las costas de la alzada a la Municipalidad por haber quedado vencida.
¿Quién es el actor?
(no se individualiza en el dispositivo final del extracto; expediente original indica “Hidalgo Mabel A.” como actor).
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Córdoba.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
discusión ejecutiva/medidas de embargo y la válida imposición de astreintes; la apelación solicitaba dejar sin efecto las astreintes impuestas.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación y, en consecuencia, se confirmó el auto apelado en lo que decide y ha sido materia de expresión de agravios; se impusieron las costas de la alzada a la Municipalidad de Córdoba.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La función conminatoria de las astreintes se cumple no sólo con la conminación de ser aplicadas ante el incumplimiento de un deber jurídico impuesto en una resolución judicial, sino también con su efectiva aplicación, y ello es así porque la sola amenaza resulta ineficaz si el reticente cumple cuando lo estima oportuno, o cuando le parece, con la certeza de que ello sólo será suficiente para que la sanción quede sin efecto. A lo expuesto cabe agregar que el art.666 bis del Código Civil requiere, para dejar sin efecto la sanción, no solamente que el obligado desista de su resistencia -cumpliendo aquello que se le ordenó- sino que también 'justifique total o parcialmente su proceder'. Es decir que, para que el magistrado valore la posibilidad de dejar sin efecto la sanción es menester que el obligado cumpla ambas condiciones: cese su resistencia y justifique su conducta. En el caso de autos, la municipalidad cesó en su resistencia al depositar a la orden del tribunal la totalidad de la suma embargada, pero no justificó su proceder, porque el argumento utilizado es inconducente."
"En efecto, desde el mismo momento en que abonó el sueldo a su empleado y retuvo el monto del embargo, el dinero retenido no era ni un crédito de su empleado ni propiedad de la municipalidad y, por consiguiente, la excusa ensayada para justificar su conducta en la situación de emergencia y las dificultades económicas del ente comunal carece absolutamente de fundamento. Si la municipalidad retuvo el dinero del sueldo que le pagó a su empleado y no lo depositó en tiempo oportuno a la orden del tribunal, significa que utilizó algo que no le pertenecía en algo distinto a su destino específico y esa es una inconducta que coloca al municipio que así lo dispuso al borde de una situación pasible de la sanción que se le impuso."
¿Cómo votaron los jueces?
No consta voto en disidencia en la parte dispositiva final; la decisión fue acordada por los tres vocales que firman el fallo.
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Leyes que cita
- Ley 340Codigo civil
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