Vélez, Héctor R. c. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
El actor impugnó la reducción de sus haberes previsionales aplicada por decretos del Poder Ejecutivo y la Caja provincial. El Tribunal Superior confirmó la sentencia de la Cámara, rechazó el recurso de casación y consideró legítima la traslación de la reducción a los jubilados en virtud de la política legislativa de homogeneidad remuneratoria y de los principios de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad.
¿Quién es el actor?
Héctor Rolando Vélez.
¿A quién se demanda?
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba (y, de fondo, actos del Poder Ejecutivo provincial: decs. 1702/99 y 1891/99 y la ley 8779).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
acción contencioso administrativa de plena jurisdicción contra la reducción de haberes previsionales y la aplicación de la movilidad previsional respecto de la disminución salarial dispuesta para funcionarios (se impugnaba que la reducción operada en actividad afectara el haber jubilatorio).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de casación interpuesto por el actor y se impusieron las costas por su orden; además se ordenó que la regulación de honorarios de los letrados de la parte actora se efectúe por la Cámara a quo conforme ley (determinando 32% del mínimo de la escala, si correspondiera). La Sala entendió que la reducción salarial dispuesta en el marco de la ley 8779 y decretos posteriores fue legítima y aplicable a los beneficios previsionales en atención a la política legislativa de homogeneidad remuneratoria y a los principios de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En tal contexto, no se advierten reparos constitucionales en orden al ejercicio de atribuciones constitucionales que le son propias, que puedan ser opuestas al dec. 1891/99, pues, insisto, la decisión de reducir las remuneraciones de 'todas' las autoridades superiores y funcionarios de la dependencia del Poder Ejecutivo Provincial, tiene su fuente normativa en la voluntad legislativa contenida en el art. 48 de la ley 8779..." (considerando 8.4).
"El impugnante ... pretende derivar la inaplicabilidad de la autorización legal establecida en el art. 48 de la ley 8779, sosteniendo que la ley 8576 no fue derogada hasta la sanción de la ley 8991, por lo que la escala salarial ... continuó vigente para el cálculo de su haber previsional. Pero es el caso que tal postura hermenéutica no observa una relación armónica entre la interpretación de las normas y principios constitucionales..." (considerando 8.7).
"El derecho a la prestación jubilatoria móvil, adquirido conforme la categoría alcanzada en actividad y en base a la cual se otorgó un beneficio jubilatorio, queda ligado a las variaciones que experimente la remuneración del cargo otrora desempeñado, desde que la garantía de movilidad debe traducirse en una razonable proporcionalidad entre la situación del jubilado y la que resultaría de continuar en actividad" (cita y doctrina reproducida en 9.2-9.3).
¿Cómo votaron los jueces?
No existen votos en disidencia; los tres vocales votaron en igual sentido.
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