Jabase, Alba -Quiebra propia simple - Cuerpo de ejecución de honorarios del Cr. Héctor E. Marín y Dra. Judih Natale en autos: Jabase, Alb - Quiebra propia inc. de revisión iniciado por Montero, Susana Analía
La apelante impugnó la ejecución de honorarios promovida por el síndico y su asesora en la quiebra. La Cámara rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia de primera instancia, concluyendo que el art. 1101 del Código Civil no justifica suspender la ejecución de honorarios por existir investigación penal.
¿Quién es el actor?
Cr. Héctor Eduardo Marín (síndico) y Dra. Judih Natale (asesora letrada).
¿A quién se demanda?
Sra. Susana Analía Montero (revisionista / ejecutada).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución de sentencia por cobro de honorarios profesionales por $5.754,64 para cada uno; plus regulación de honorarios de $517,91 (Dra. Judih Natale).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Montero y, en consecuencia, se confirmó la sentencia Nº 202 de fecha 9/6/06 en todo cuanto decide y ha sido motivo de agravios; se impusieron las costas a la apelante.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"5. Para dirimir la viabilidad del recurso es menester, como cuestión preliminar, escudriñar el ámbito de aplicación de la directiva cuya aplicación se reclama (art. 1101, CC), cuestión sobre la cual la doctrina autoral y jurisprudencial no es pacífica. ... Si compartiéramos la primera postura, la aplicabilidad de la directiva resultaría ab initio descartada y cualquier otra consideración resultaría ociosa desde que se pretende aplicar el instituto de la presentencialidad con relación a la ejecución de honorarios profesionales derivados de una imposición de costas firmes. Pero aun colocándonos en la postura que hace extensible la aplicabilidad de la directiva (art. 1101, CC) no exclusivamente a las acciones de indemnización de daños y perjuicios que surjan de un delito, sino también a otras acciones en donde la naturaleza de la cuestión imponga contar con una decisión previa de otro tribunal que pueda influir en la cosa juzgada de la resolución, ello tampoco alcanzaría para justificar la suspensión del pronunciamiento en estos obrados, porque las constancias emergentes de la documental agregada revelan que la cuestión investigada en sede penal tampoco reconoce identidad con la presente ejecución de honorarios profesionales, ya que no es el mismo hecho que motiva la investigación penal el que origina la pretensión en sede civil, por lo que el fundamento de la prioridad que el ordenamiento asigna al proceso penal tampoco da sustento a la suspensión del dictado de la sentencia civil hasta tanto recayera sentencia en aquella sede."
"La norma aludida no resulta aplicable a los juicios ejecutivos y mucho menos a la ejecución de honorarios, pues cualquier decisión que se dicte en tales procesos no hace cosa juzgada material ya que dejan a salvo al ejecutado el derecho a repetir en el juicio declarativo derivado. Además, admitir lo contrario importaría ingresar al ámbito causal que se encuentra vedado en este tipo de proceso. Justamente este carácter de la decisión desvanece toda posibilidad de la provocación de sentencias contradictorias, que es el fundamento que alienta el principio de presentencialidad. Por ello, corresponde aplicar la regla general de autonomía de fueros en razón de la diversidad de las materias y de las finalidades perseguidas en la sustanciación de las causas que se ventilan en cada uno de ellos..."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Marta Montoto de Spila y Mario Raúl Lescano adhirieron al voto de la Sra. Vocal preopinante; no se registra disidencia.
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Leyes que cita
- Ley 340Codigo civil
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