Anglada Gustavo A. c/ Dir. Pcial. de Vialidad y otro -incap.- rec. de casación e inconstitucionalidad
Anglada reclamó indemnización por incapacidad parcial y permanente derivada de su actividad laboral. El Tribunal Superior de Justicia, en pleno, rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Provincia y confirmó la sentencia de la Cámara de Trabajo que hizo lugar parcialmente a la demanda, ordenando el pago de la indemnización y las costas a la parte demandada.
¿Quién es el actor?
Gustavo Adolfo Anglada.
¿A quién se demanda?
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba (Dirección Provincial de Vialidad y otro).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reclamo por indemnización por incapacidad parcial y permanente (20% de la total obrera) derivada de lesiones sufridas en el desempeño laboral; ejecución de sentencia e impugnación del régimen de consolidación de pasivos (inconstitucionalidad de normas de emergencia).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, se confirmó la sentencia impugnada (Sent. N° 123/04 de la Sala Quinta de la Cámara de Trabajo) que hizo lugar parcialmente a la demanda del actor y condenó al pago de la indemnización; costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En consecuencia, y por aplicación de las pautas referidas, cabe destacar que –antes que ahora- ya se ha sostenido la inconstitucionalidad de la ley 8.250, en relación a la obligación del Estado de indemnizar por la disminución de la capacidad laborativa de quien se desempeñaba en una relación laboral prestada en su beneficio (Cfr. 'Bulacio...', cit., voto de las Dras. Cafure de Battistelli y Tarditti), y a su vez, que se encuentra excluida de la consolidación dispuesta la indemnización debida a un niño que, a raíz de la pérdida de un ojo, ha padecido una incapacidad sobreviniente que asciende a un 45% de la total obrera (voto conjunto en 'Jiménez, María C. y otro c/ Provincia de Córdoba - Daños y Perjuicios (Apelación) - Recurso de Casación', TSJ en pleno, Secretaría Civil, S. 93, 22/08/02), dado que tales derechos, por su naturaleza, no resultan exclusivamente patrimoniales y configuran un mínimo a respetar aún por las leyes de emergencia, con mayor razón debemos considerar excluidos a aquellos casos como el presente, en el que la lesión a la integridad física o a la salud, ha generado en el damnificado una incapacidad permanente. Tanto más, cuando al exceptuar algunas deudas se reconoció que el Estado no se encontraba ante la imposibilidad general de satisfacer a todas. De este modo, se excluyeron expresamente las indemnizaciones por expropiación por causa de utilidad pública o por desposesión ilegítima de bienes, demostrándose un respeto por la propiedad de cosas que no se tuvo con la intangibilidad de las personas que es, indubitablemente, el bien más preciado de nuestro sistema jurídico..."
"En definitiva, si como se ha puntualizado supra, hemos sostenido la inconstitucionalidad de la ley 8.250, en relación a la obligación del Estado de indemnizar daños que lesionan el derecho a la integridad física o salud de la persona, dado que tal derecho, por su naturaleza, no es exclusivamente patrimonial y configura un mínimo a respetar aún por las leyes de emergencia, igual solución habrá de adoptarse con relación a la consolidación de obligaciones -de igual naturaleza- dispuesta por la ley 8.836 que –en lo particular- remite a las disposiciones de la ley 8.250. Y esto así, porque el ser humano es el centro del sistema jurídico. El Derecho considera a la persona y su dignidad como el bien o valor supremo y reconoce su rol central de protagonista del quehacer jurídico. Por ello resulta tarea prioritaria de los operadores jurídicos su cabal e integral protección. Por tanto es que se ha sostenido, con acierto que: 'Es a este ser humano, libre y social, que el Derecho debe proteger, diferenciándolo nítidamente en cuanto a criterios y técnicas de tutela, de la que tradicionalmente se otorga a las cosas...'"
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo mayoría contradictoria; todos los vocales coincidieron en rechazar el recurso y confirmar la sentencia. En los votos se expresaron matices y argumentos adicionales (por ejemplo, el Vocal García Allocco propuso ordenar el pago conforme al art. 806 CPC atendiendo equidad y tiempo transcurrido), pero la decisión colegiada fue la confirmación de la sentencia apelada, por lo que dichos matices quedan como fundamentos individuales y no como cambio de la resolución colegiada.
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Leyes que cita
- Ley 8.836 de CórdobaModernizacion del estado
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