JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

Lucero, Oscar Alberto y otros c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba - Plena Jurisdicción

Recurso de reposición contra la declinatoria de competencia en una acción previsional por diferencias de haberes derivados de la aplicación del decreto 1777/95. La Cámara rechazó el recurso de reposición y confirmó la resolución que declaró la incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, por considerar que el conflicto ha perdido actualidad y que existen actos administrativos firmes y consentidos.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-4472
Recurso de reposicion Competencia Jurisdiccion contencioso-administrativa Decreto 1777/95 Decreto 1140/07 Seguridad juridica Actos administrativos firmes Prescripcion Tutela judicial efectiva Disidencia

¿Quién es el actor?

Oscar Alberto Lucero y otros (actores/apoderados).

¿A quién se demanda?

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo de diferencias de haberes previsionales y declaración de inconstitucionalidad del decreto 1777/95, por sumas omitidas desde la aplicación del decreto 1777/95 hasta agosto de 2007; solicitan liquidación de diferencias hasta la entrada en vigencia del decreto 1140/07.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de reposición y se confirmó en todas sus partes el decreto que declaró que la causa no corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa; se dispuso sin costas, con la salvedad sobre el pago de honorarios de letrados si correspondiere.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Sobre la postura del Sr. fiscal y la pérdida de actualidad:

“...en lo sustancial, ninguno de los argumentos expuestos por el impugnante en su recurso desvirtúa la legitimidad de la resolución que lo agravia. La cual, perfectamente fundada en los hechos de la causa y el derecho aplicable, aparece como la decisión lógica y legal que exige el art. 155, CPcial.” “Según los términos en que se ha actuado la pretensión en autos (demanda pto.II), va de suyo que la omisión de resolver en que se causa la acción, corresponde al conflicto que a su tiempo suscitó el decreto N° 1777/95 y sus actos de aplicación.” “El proveído en crisis se funda en que el ‘silencio ha perdido actualidad y el conflicto consecuente es fingido’.” “La declaración de inconstitucionalidad del decreto 1777/95 por la CSJN en el caso ‘Iglesias...’ sólo alcanza, como es sabido, a las partes de dicho pleito. Mas tal declaración ‘inter partes’, no importa la invalidez del sistema y menos la posibilidad de cuestionar en base a tal declaración, los actos administrativos firmes pasados...”

2) Sobre actos administrativos firmes, seguridad jurídica y buena fe:

“Luego estos actos administrativos firmes, consentidos y ejecutados reiteradamente, a los que se refiere el proveído en crisis y los derechos fenecidos por falta de su oportuno cuestionamiento en legal forma; no pueden restablecerse por vía de una simple ‘petición general del administrado’ (art. 67, LPA) o de ‘reclamo administrativo’... La percepción de sumas reclamadas sin objeciones constituye una pauta objetiva de conducta, es un impedimento insalvable para quien lo ha producido... La seguridad jurídica, imperiosa exigencia del régimen concerniente a la propiedad privada, quedaría gravemente resentida si fuera admisible que pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien primero acata una norma y luego la desconoce...”

3) Resolución final de la mayoría:

“III. Compartiendo en todos sus términos el dictamen fiscal, consideramos corresponde se rechace el recurso de reposición interpuesto y se confirme en todas sus partes el decreto recurrido, sin costas, sin perjuicio de que los honorarios de los letrados intervinientes sean abonados, si correspondiere, por el beneficiario de los trabajos.”

¿Cómo votaron los jueces?

El doctor Juan Carlos Cafferata votó en disidencia y propuso hacer lugar al recurso de reposición y admitir la demanda. Entre sus considerandos sostuvo que la declaración de nulidad del decreto 1777/95 por la CSJN “fulmina de por sí la validez del decreto 1777/95, con retroactividad a la fecha de su dictado” y que dicho decreto fue “un acto absoluta e insanablemente nulo”, de modo que la pretensión de los actores para reclamar las diferencias conserva actualidad por el propósito de reparar el menoscabo patrimonial sufrido. Cafferata también destacó que la acción persigue “el pago de las diferencias existentes en los haberes previsionales... hasta el mes de agosto de 2007 en que comenzó a aplicarse el decreto 1140/07.”

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