Banegas, Daniel Alberto p.s.a. robo calificado agravado por el 41 quater
Apelación del Fiscal contra el auto que calificó el hecho como robo simple y revocó la prisión preventiva. La Cámara de Acusación declaró erróneamente concedido el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal y lo rechazó por falta de legitimación para impugnar la modificación de la calificación legal en esta etapa.
¿Quién es el actor?
Fiscal de Instrucción del Distrito 2, Tercer Turno (interpone la apelación).
¿A quién se demanda?
Banegas, Daniel Alberto (imputado).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación del auto n° 107/06/08 que hizo lugar a la oposición de la defensa; en particular, el fiscal cuestiona que el juez de control encuadre la conducta como robo simple (art. 164 CP) en lugar de robo agravado (art. 166 inc. 2º, último párrafo) y revocara la prisión preventiva dispuesta por el representante del Ministerio Público.
¿Qué se resolvió?
La Cámara declaró erróneamente concedido el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal y protocolícese; en suma, rechazó la apelación por falta de legitimación para recurrir la modificación de la calificación penal en esta etapa procesal.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Siendo ello así, cabe traer a colación lo que este tribunal ha expresado en el precedente “Ruarte” (auto n° 440 del 25/11/08), el que presenta características parecidas –aunque no idénticas- con la presente causa. En dicha resolución se dijo que “el art. 336 –2º párrafo, in fine- del CPP establece que la decisión que adopte del juez de control con relación a la oposición a la prisión preventiva formulada por el imputado es apelable por el fiscal y el imputado, lo que indica que cada uno de estos sujetos procesales posee en abstracto legitimación para recurrir. Sin embargo, aquella legitimación queda supeditada a que en el caso concreto la decisión del juez de control haya sido contraria a sus respectivas pretensiones con respecto a la privación de la libertad del imputado”. Esta situación no se verifica en estos actuados, en tanto la pretensión recursiva del fiscal de instrucción no se dirige contra la revocación de la medida de coerción ordenada por el juez de control, tal como se expresó en el párrafo precedente.
Entre los fundamentos de aquella postura se dijo que “en las causas comúnmente denominadas ‘sin preso’, ninguno de esos tópicos puede ser puesto en tela de juicio por el imputado hasta que el fiscal considere que ha concluido con la investigación y dicte el correspondiente requerimiento de citación a juicio, porque, hasta tanto ello no ocurra siempre es posible que el representante del Ministerio Público se expida a favor de las pretensiones exculpatorias de la defensa instando el sobreseimiento, razón de suficiente peso que justifica que el código procesal no autorice una discusión sobre esos temas hasta después de que el fiscal emita su conclusión incriminatoria. Con la misma directriz es que no se autoriza la oposición de la parte querellante particular frente a la instancia de sobreseimiento, porque su agravio nace a partir del momento en que el juez de control dicta la sentencia haciendo lugar a dicha instancia, ya que, hasta tanto ello no ocurra, existe la posibilidad de que la rechace”. Dicho criterio es plenamente aplicable al propio representante del Ministerio Público, en tanto la calificación legal que se asigne al hecho -sea por su propia decisión, por la del juez de control o por la del tribunal de alzada- será siempre provisoria hasta que no culmine con la investigación, sujeta a los avatares propios de ella, en la que –por ejemplo- podrían agregarse nuevos elementos de juicio que permitan encuadrarlo en una figura diferente, o demuestren que el imputado no participó en el hecho y por ello corresponda su sobreseimiento o también, inclusive, que cualquiera de esas hipótesis se verifiquen a raíz de un nuevo estudio de las constancias ya obrantes en la causa.
Por todo ello, cabe concluir en que el fiscal de instrucción carece de legitimación para apelar la resolución del juez de control que revoca la prisión preventiva por él dispuesta si, en el caso concreto, su único agravio está constituido por la modificación de la calificación legal asignable al hecho investigado, según el criterio expuesto por el juez de control en aquella resolución.
En consecuencia, corresponde declarar erróneamente concedido el recurso de apelación interpuesto, conforme lo dispuesto por el art. 455 –2º párrafo- del CPP."
(Disidencias: no se consignan votos en disidencia en el bloque resolutorio final; la decisión consignada es la de la Cámara por mayoría según la parte resolutiva.)
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